Cuatro millones de hectáreas perdidas
En Colombia, mientras el presidente de la República se engancha en discusiones bizantinas con sus antecesores y todo aquel que haga reparos a su gobierno, los verdaderos problemas sociales siguen intactos.
El Vicecontralor General, Luis Bernardo Flórez, acaba de informar al país que los grupos irregulares ejercen dominio y autoridad en 400 municipios del país, de un total de 1.200, obligando un cambio muy significativo en el mapa social, político y económico de Colombia.
Los Paramilitares, narcos y guerrilleros sumados, tienen 4 millones y medio de hectáreas de tierras productivas de la mejor calidad que pueda existir, pero la administración silencia y trata de desconocer la realidad.
Los estudios señalan que no se sabemos quién tiene más, porque no hay forma por el momento de diferenciar entre unos y otros. (FARC, ELN, Paramilitares y narcotraficantes)
El documento oficial, sobre la tenencia de la tierra, realizado en los últimos meses señala que esta situación provoca al país la pérdida una enorme cantidad de tierra que debería estar dedicada a prestar un servicio agrícola y mejorar la seguridad alimentaria de los colombianos.
El presidente garantizó devolvería a los campesinos 110 mil hectáreas de este tipo pero a esta altura de su mandato sólo han devuelto para efectos de la reforma agraria cinco mil hectáreas.
Para aplicar soluciones hay problemas que no son prioritarios para el ejecutivo y congreso. Son de tipo legal/judicial y de debilidad administrativa de los organismos del Estado como la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Incoder. Pereciera que los funcionarios estuvieran en los cargos de paseo y no trabajando para solucionarle problemas a los colombianos.
En los municipios donde los violentos están imponiendo su presencia a balazos, no solo afectan la equidad social y la capacidad de producción alimenticia nacional, sino la siembra del hambre y muerte en forma generalizada.
El Vicecontralor General, Luis Bernardo Flórez, acaba de informar al país que los grupos irregulares ejercen dominio y autoridad en 400 municipios del país, de un total de 1.200, obligando un cambio muy significativo en el mapa social, político y económico de Colombia.
Los Paramilitares, narcos y guerrilleros sumados, tienen 4 millones y medio de hectáreas de tierras productivas de la mejor calidad que pueda existir, pero la administración silencia y trata de desconocer la realidad.
Los estudios señalan que no se sabemos quién tiene más, porque no hay forma por el momento de diferenciar entre unos y otros. (FARC, ELN, Paramilitares y narcotraficantes)
El documento oficial, sobre la tenencia de la tierra, realizado en los últimos meses señala que esta situación provoca al país la pérdida una enorme cantidad de tierra que debería estar dedicada a prestar un servicio agrícola y mejorar la seguridad alimentaria de los colombianos.
El presidente garantizó devolvería a los campesinos 110 mil hectáreas de este tipo pero a esta altura de su mandato sólo han devuelto para efectos de la reforma agraria cinco mil hectáreas.
Para aplicar soluciones hay problemas que no son prioritarios para el ejecutivo y congreso. Son de tipo legal/judicial y de debilidad administrativa de los organismos del Estado como la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Incoder. Pereciera que los funcionarios estuvieran en los cargos de paseo y no trabajando para solucionarle problemas a los colombianos.
En los municipios donde los violentos están imponiendo su presencia a balazos, no solo afectan la equidad social y la capacidad de producción alimenticia nacional, sino la siembra del hambre y muerte en forma generalizada.
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