Los desplazados están en el limbo
El gobierno nacional de Colombia está convencido que le esta cumpliendo a los colombianos desplazados por la violencia en el país. Funcionarios de la Red de solidaridad social han afirmado que han atendiendo cerca del 90% de la población desplazada, en lo que tiene que ver con ayuda de emergencia.
Según ONGs que conocen a fondo la situación han precisado que esa ayuda es por la suma de $782 pesos diarios. Además, la red no tiene contabilizados los tres millones y medio de desplazados sino un millón y medio. En una ciudad mediana como Bucaramanga transportarse en un autobús de un barrio a otro cuesta $850.
Por imprevisión y falta de óptica de los funcionarios del gobierno, desde hace dos años el problema de los desplazados en el país se le salió de las manos al gobierno. Desde ese entonces es fecha sus acciones son palos de ciegos. Las acciones del gobierno no tienen en esta situación social los niveles de la importancia ordenada por los tribunales de justicia a través de tutelas.
El primero en llamarle la atención al gobierno fue el procurador, Edgardo José Maya, quien aseguró que no existen las partidas necesarias para atender la población desplazada, ni existe la capacitación suficiente de los funcionarios para enfrentar el tema. Todo lo hecho son pañitos de agua tibia para una enfermedad social que todos lo días crece.
Hace año y medio la Corte Constitucional determinó que el problema de los desplazados en Colombia eran situaciones de derechos humanos graves y a través de un fallo de tutela ordenó al ejecutivo cumplir con algunas metas mínimas para la atención de esa población dentro de un plazo determinado. Los ministros han reconocido que falta, pero no precisaron en que proporción.
El Gobierno rindió cuentas ante la Corte y defendieron el trabajo, aunque reconoció que falta mucho. La ONG CODHES, que asumió la veeduría del caso cree que la mayor tacha está en la ausencia de presupuesto real.
Según ONGs que conocen a fondo la situación han precisado que esa ayuda es por la suma de $782 pesos diarios. Además, la red no tiene contabilizados los tres millones y medio de desplazados sino un millón y medio. En una ciudad mediana como Bucaramanga transportarse en un autobús de un barrio a otro cuesta $850.
Por imprevisión y falta de óptica de los funcionarios del gobierno, desde hace dos años el problema de los desplazados en el país se le salió de las manos al gobierno. Desde ese entonces es fecha sus acciones son palos de ciegos. Las acciones del gobierno no tienen en esta situación social los niveles de la importancia ordenada por los tribunales de justicia a través de tutelas.
El primero en llamarle la atención al gobierno fue el procurador, Edgardo José Maya, quien aseguró que no existen las partidas necesarias para atender la población desplazada, ni existe la capacitación suficiente de los funcionarios para enfrentar el tema. Todo lo hecho son pañitos de agua tibia para una enfermedad social que todos lo días crece.
Hace año y medio la Corte Constitucional determinó que el problema de los desplazados en Colombia eran situaciones de derechos humanos graves y a través de un fallo de tutela ordenó al ejecutivo cumplir con algunas metas mínimas para la atención de esa población dentro de un plazo determinado. Los ministros han reconocido que falta, pero no precisaron en que proporción.
El Gobierno rindió cuentas ante la Corte y defendieron el trabajo, aunque reconoció que falta mucho. La ONG CODHES, que asumió la veeduría del caso cree que la mayor tacha está en la ausencia de presupuesto real.
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