Subir la edad de pensión, bajar las semanas. Una visión muy simplista y de poco fondo frente a la realidad nacional. Se trata de soluciones trazadas desde ángulos divorciados de la realidad que viven millones de colombianos. Todo lo que establezca "subirle" es alejar cada vez más las posibilidades de una pensión a los trabajadores no fijos.
La nueva formula mágica es "Reducir el número de semanas cotizadas a los trabajadores de alta rotación laboral o trabajadores que laboran al destajo, 15 días y descansan 30 para un nuevo trabajo y así obtendrían su jubilación a una mayor edad" fue propuesta de los fondos de pensiones. No hablaron si obtendrían una pensión igual o superior al salario mínimo.
Las lumbreras de ahora aseguran que al aumentar la edad de jubilación le garantizarán ese derecho a los trabajadores de alta rotación laboral ya que requerirán un menor número de semanas en aportes para obtener el beneficio. También debe ser cierto que la pensión otorgada a un ancianito desaparecerá más rápidamente de la responsabilidad de los "fondos".
Para Asofondos, el tema pensional amerita más atención y soluciones, eso es verdad, como también es verdad que las soluciones no pueden ser como las propuestas por el gobierno, insistentemente, desmejorando la calidad de vida del ciudadano por debajo del salario mínimo. Eso es peor que no tener nada.
La propuesta será llevada a consideración del Congreso que tramita actualmente la reforma a la ley de seguridad social nuevamente y por sexta vez en el Gobierno de Álvaro Uribe. Dios quiera que los congresistas se mantengan en la tesis que no puede haber pensión menor al salario mínimo.
Hay otros quienes aseguran que el problema real de las pensiones es que cada día hay menos gente afiliada a los fondos. La ya aburridora y semestral reforma del sistema de pensiones desanima e infunde desconfianza porque eso solo está traduciendo que más allá de esas gestiones todo será improvisación.
El vicecanciller de asuntos políticos de Estados Unidos, Nicholas Burns, dijo que los gobiernos de Venezuela y Ecuador deben cerciorarse de que la guerrilla de las Farc no se refugie en su territorio. Así sus cancilleres y presidentes griten y pataleen, los hechos demuestran claramente que Colombia no tiene cooperación de estos países en la lucha antiterrorismo, tráfico de armas y narcotráfico.
Burns afirmó que "Estados Unidos no es ingenuo" como tampoco lo son los colombianos y europeos en relación con las Farc, a las que calificó como una organización fracasada ideológica y políticamente. "Sabemos que las Farc tienen presencia internacional y es responsabilidad de países como Ecuador y Venezuela no permitir que se refugien en su territorio".
La luz de los hechos señala que 8 frentes de las FARC y 2 columnas del ELN viven en zonas limítrofes con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Las fronteras son utilizadas como corredores para el trafico de armas y drogas, sitios para ocultar secuestrados y evadir la persecución de las autoridades.
La situación en Arauca es ejemplo, pues allí operan el frente décimo de Grannobles y la columna Domingo Lain del ELN. Las FARC tienen presencia en la zona de frontera con Cesar, donde actúa el frente 41, en Norte de Santander donde opera el 33 y la Guajira con el frente 19. Están en casa.
En Putumayo, frontera con Perú y Ecuador, el frente 48 responsable del ataque a la base de Teteyé, utiliza la zona para el suministro de apoyo logística y el tránsito a las selvas fronterizas para efectos del narcotráfico. En Nariño, límite con Ecuador, está el 20 de las FARC; en Guainia y Vichada, frontera Venezolana, el 16 de Tomas Medina, alias El Negro Acasio y en Vaupes, frontera con Brasil, el frente 1.
Están ahí porque hallan seguridad y amparo a sus acciones terroristas y de narcotráfico, de lo contrario habrían desocupado la frontera especialmente con Venezuela.
Para efectos del intercambio humanitario todo se halla listo. Ahora, la respuesta debe venir de las guerrillas de las FARC, ente fuera de la ley, que hasta hace poco y mientras persistió a la negativa del gobierno al diálogo presionaba su desarrollo responsabilizando este sector de renuente. Ahora el gobierno dijo sí, pero ellos entraron en un estado de silencio. Las Farc tienen 60 personas secuestradas entre militares, policías, políticos y gentes del común.
El Gobierno dijo que está dispuesto a reunirse de manera inmediata con las Farc en el punto que los guerrilleros digan y bajo las condiciones que propongan. "Esperamos que ellos (los guerrilleros) tengan un gesto de buena voluntad y que, por supuesto, se pueda concretar de manera inmediata este encuentro", dijo el Comisionado de Paz.
Francia pidió a la guerrilla de las Farc que responda "positivamente" a la oferta del Gobierno colombiano de alcanzar un acuerdo para liberar a políticos y militares secuestrados. "Llamamos a las Farc, que se han declarado en numerosos ocasiones favorables a la negociación de un acuerdo de ese tipo, a responder positivamente a la apertura del Gobierno colombiano, dijo la portavoz adjunta de la diplomacia francesa, Cecile Pozzo di Borgo.
Mientras se las noticias van y vienen por todos los medios de comunicación de parte de los gobiernos de Colombia y Francia el silencio es más profundo por parte de los responsables de los secuestros. A pesar que hay confianza muchos creen que cuando las FARC rompan el silencio lo van hacer exigiendo condiciones imposibles de satisfacer para entorpecer lo que parece se está encarrilando hacia una solución del problema humanitario.
La angustia es mayor a cada momento ente la posibilidad que las FARC den un viraje en la postura que habían mantenido hasta el momento nacional e internacionalmente. Eso se detecta en los llamados que está haciendo Francia para una respuesta positiva.
El gobierno ha tratado por todos los medios, fallidos hasta el momento, de penetrar el salario mínimo y ha propuesto muchas veces pagas inferiores a esa cantidad. Ni la opinión pública, los políticos y el sector económico nacional han estado de acuerdo. A esas propuestas siempre se le ha tratado de poner en ropaje de "es mejor algo que nada", pero, la respuesta ha sido que "no es repartiendo miseria como se consigue el desarrollo nacional".
Ahora se habla de crear un tercer sistema pensional. El nuevo régimen aspira a "garantizar" la pensión a 7 millones de colombianos que trabajan independientes o son informales y que a la fecha les es imposible cotizar en los regímenes de prima media, ISS, o de ahorro individual en fondos privados, una pensioncita de miseria absoluta pero que daría la apariencia que se está pagando.
De acuerdo con la iniciativa quien no pueda cotizar como lo exige hoy la Ley, es decir, teniendo como base un salario mínimo, podría hacerlo por debajo de este monto y obtener al cabo de "unos años" una pensión equivalente a 75% de un salario mínimo mensual vigente. Si fuera hoy sería de $286 mil menos la mesada descontándole a esa cifra lo correspondiente a salud.
Si una persona que viene cotizando en el ISS o en algún fondo y no ha logrado su pensión debido a que le hacen falta semanas, podría hacerlo con una pensión inferior al salario mínimo. La idea soterrada del gobierno a como de, es legalizar pagos mensuales por debajo del salario mínimo, primero con la pensión para luego extenderlo a la industria y el comercio.
El presidente del Sindicato del Seguro Social, Saúl Peña, visualizó que la propuesta tiene mucho "olor demagógico" y que no es coherente con lo aprobado en el Acto Legislativo de pensiones donde el Gobierno se negó a ampliar la cobertura en pensiones. En el Congreso muchos se oponen enérgica y abiertamente a que algún colombiano se pensione con menos de un salario mínimo.
En estos días la televisión colombianazos ha sorprendido con una serie de documentales cortos en donde nos ha mostrado la salida de la cárcel de por lo menos tres ciudadanos, privados de su libertad hasta por 12 años siendo inocentes de las imputaciones que se les habían hechos. Entre esas personásemos visto militares, policías y gentes de estratos sociales muy humildes y los delitos van desde narcotráfico a violación de menores y homicidio.
Pero todo señala que lo mostrado por la televisión es simplemente una mínima muestra de lo que esta ocurriendo. Desde otro ángulo de las realidades nacionales fue posible conocer que hay más de 3.200 demandas han sido instauradas contra la nación por igual número de errores cometidos por la justicia, que han causado la privación arbitraria de la libertad de ciudadanos inocentes.
Las pretensiones económicas que se reclaman por daños y perjuicios causados superan el billón setecientos mil millones de pesos, según las estadísticas del Ministerio del Interior y Justicia. Las 3.200 demandas son las que están en proceso de decisión en los Tribunales Administrativos del país y el Consejo de Estado, pues en otro estado puede haber cifras similares.
La oficina de Defensa Judicial de la Nación lleva la estadística de los sindicados y condenados por delitos que no cometieron y que luego son puestos en libertad cuando se demuestra su inocencia. Allí creen que no se trata de un fenómeno nuevo o exclusivo, asegurando que países como Estados Unidos lo registra frecuentemente.
De todas formas, el número acciones contra el estado y la liberación sistemática de inocentes, muestra que se podría estar actuando ligeramente o que en alguna parte está fallando la aplicación de justicia en materia grave que no puede continuar.
La violación de los derechos humanos de las personas implicadas también reclaman se deben en tener cuenta, no solo debe ser el dinero lo que preocupe al gobierno.
El Gobierno colombiano lamentó la tardía explicación de la ley "justicia y paz" y su "costo político. Buena parte de la opinión colombiana cree que ese costo proviene no solo de la demora en explicar la ley, también hay otros factores como la arrogancia y prepotencia aplicada cuando estaba en trámite de aprobación.
Se desconocieron sectores muy amplios de la vida ciudadana, como los partidos Liberal y Polo cuyas opiniones en muchas ocasiones se despreciaban y en otras era causa de burla. Esto genero un anillo de repulsa y malestar cuyas consecuencias ahora saltan a la vista. Esa alegría de que habían pasado por encima de las demás opiniones, hoy es costo.
Se demoraron mucho los integrantes del alto gobierno, especialmente Álvaro Uribe, Ministro del Interior y Comisionado de Paz, para darse cuenta que esa ley no era una ley corriente que se podía manejar con prebendas y tráfico de influencias. Se quedaron cortos al sopesar el valor de la opinión nacional e internacional creyendo que solo con la de ellos era suficiente y sobraba. La duda esta regada por todo el mundo y es muy difícil que cambien criterios.
Es penoso tratar de convencer a los extranjeros sin antes haberlo hecho con los colombianos. En USA se habla que se trata de una ley fruto de la democracia mientras en Colombia los Liberales y de Polo Democrático, creen lo fue de la imposición dictatorial, grotesca, vulgar, inconsulta y probada con pobres mayorías hechas a base de prebendas dadas por el ejecutivo.
Y siguen en las mismas. El gobierno insisten en imponerse como y cuando la gente piensa diferente que ellos, no son opiniones a tener en cuenta y considerar, sino desinformación o actitud "obtusa y equivocada".
La verdad es solo de ellos y nada más que de ellos sin la más remota posibilidad de que pueda existir una variante de luz. Se tiene que aceptar lo dicho por ellos, pero nada de los demás porque son mostrencos y desorientados.
No hay buena fe ni verdaderas intenciones de paz y concordia por parte de algunos, bastantes, sectores de los paramilitares en el país. Todos los días estamos viendo, leyendo y oyendo noticias de situaciones que no se compadecen con un compromiso de paz. Uno de esos desafueros lo acaban de cometer en la ciudad de Cúcuta al pretender difundir la especie de que ellos, los paramilitares, son de gran influencia en las decisiones que toma la Corte Constitucional.
El magistrado, Rodrigo Escobar Gil, calificó como un hecho "gravísimo". Indicó que constituye un "acto delictivo y criminal", pero advirtió que no se puede hablar de influencia de grupos paramilitares en ese alto tribunal. "La transparencia de la Corte Constitucional está fuera de toda duda..." Posiblemente esta corte sea el único oasis de honorabilidad y rectitud que tiene Colombia y por eso se le buscan menoscabar.
La filtración de un fallo de tutela que llegó a manos de grupos paramilitares no es un acto de influencia. Una vez la copia estuvo en manos de los paramilitares comenzaron a amenazar a magistrados locales y a enviar anónimos a los medios de comunicación proclamando que la Corte Constitucional está en manos de los paramilitares. Ahí es donde está la mala fe de quienes dicen buscar el camino para la paz.
El fallo de tutela que se filtró y que había sido preparado por el magistrado, pretendía resolver la pugna por el negocio del chance en departamentos como Bolívar, Atlántico y Magdalena. Ahora es usado para cometer delitos y continuar en las andazas criminales de que habla van a dejar los paramilitares luego de un proceso que al final parece va a ser una simple mentira y nueva frustración para los colombianos.
De lo que si deben estar convencidos los magistrados, es que la mayor parte del pueblo colombiano reconoce en ellos la pulcritud y buenas costumbres que son los únicos rectos y justos en un país de leyes muertas y sobornos oficiales.
El sistema de albergues hizo agua, dijo el alcalde de Bogotá para referirse al estado de cosas que comenzaron a girar alrededor de esos lugares en los cuales fueron alojados paramilitares que entregaron sus armas y entraron el proceso de paz. De ese tipo de lugares en el país hay 62, pero el gobierno debe pensar en otra fórmula diferente porque definitivamente se equivocaron sus soluciones.
El estallido de una bomba de mediano poder explosivo frente a un albergue en Bogotá hizo que las alertas subieran de tono. Las autoridades de policía revelaron que sus unidades han tenido que intervenir constantemente evitar enfrentamientos entre los ex paramilitares y los vecinos. La tranquilidad aparente en el proceso de paz seguirá mostrando sus múltiples lados débiles.
Las autoridades militares están preocupadas y aseguraron que quienes han hecho dejación de las armas, no las han entregado todas. Ya fue descubierta una caleta de fusiles, municipio y otros elementos de guerra en un sector rural. La información en la que se basaron los militares provino de los mismos paramilitares quienes precisaron que hay muchas otras en distintos lugares.
Muchos elementos que se desmovilizaron han sido sorprendidos cometiendo delitos comunes en las calles de Bogotá y otras ciudades mientras esperan una definición de su situación jurídica por parte de la fiscalía. La ley de justicia y paz recientemente aprobada por el congreso y próxima a ser sancionada por el presidente sigue recibiendo apoyo protocolario de algunos gobiernos extranjeros, pero condena de organismo como la ONU y Derechos Humanos.
Las policía cree que la situación registrada en Bogotá cuando explotó una bomba, podrían repetirse. Para lograr mayor grado de tranquilidad de los ocupantes de los albergues y sus vecinos, quienes triplicaron sus protestas por los albergues, anunciaron podrán en los alrededores unidades en cubierto vigilando, pero no se calman.
El Estado Colombiano tiene 65 mil demandas en su contra, por un costo de 65 billones de pesos. En lo internacional son por $75 mil millones. Según expertos en la materia, el sector oficial pierde el 75% de los juicios. A la mayor parte de los abogados de planta como los externos o contratados por los organismos demandados, no les interesa un pito ganar los pleitos por lo que es fácil ganarles.
El titular del Ministerio del Interior, explicó que de estos pleitos se estima se tenga que pagar tan solo siete billones de pesos, pero quienes saben de derecho, no creen en esas afirmaciones. Eso ocurría si existiese una norma que obligara a los jurídicos a ganar trabajando en los expedientes.
Un abogado amigo mío, de más de 55 años de edad, proponía que se creara un libro negro para poner a figurar a quienes hayan perdido pleitos, especialmente por abandonarlos y con más de tres anotaciones tener impedimento para volver a ser contratado. Eso es posible con una ley.
Los ministerios de Defensa, Transporte y Comunicaciones son los más demandados. En el primer caso aparecen los derechos humanos de las gentes durante el desarrollo de los operativos militares y policiales; en el Ministerio de vías y transporte porque los contratos desde un principio son elaborados para ser demandados a los pocos meses. Esto se hace así porque hay que pagar favores políticos o recibir coima, así no se realicen las obras.
La administración pública no tiene en ejercicio de los cargos a los más honestos sino a los más vivos o como llaman otros, habilidosos. De gentes de dudoso perfil están llenas las dependencias oficiales tanto nacionales, departamentales como municipales. Se nombra a la gente para que acomoden las situaciones y así facilitar la demanda contra el Estado.
En Colombia es imposible conseguir que el volumen de demandas disminuya. Hay más de una veintena de situaciones consagradas en la ley impidiéndolo. Muy simple.
El Procurador con sobrada razón pidió al ejecutivo nacional acción del Estado y no discursos contra los corruptos. La afirmación pública la hizo al dar a conocer investigaciones sobre regalías, acuerdos para evadir cuantiosas multas por incumplimiento de contratos y la responsabilidad del sector privado en los sobornos. El Jefe del Ministerio Público los responsabilizó del 56% de la corrupción que afecta a la administración pública. No es solo el sector público el responsable de la corrupción, también el sector privado que soborna y paga.
Para Edgardo Maya Villazón se tiene que unificar la labor de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial frente a los corruptos. Se necesita una decisión política total, no con discursos ni con amenazas sino con actuaciones televisadas, se requiere desprecio total a las personas que han tenido actos de corrupción y han sido sancionadas por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General.
Por todas partes pululan los corruptos en los últimos 3 años a pesar de la gran cantidad de funcionarios sancionados. La llave procuraduría, fiscalía y contraloría ha sido altamente positiva en la acción anticorrupción, pero requiere de un ejecutivo comprometido de verdad en la acción y no solo en la oratoria y el show de los grandes medios de comunicación del estado en Bogotá o de pueblo en pueblo.
Hoy hay investigaciones en INVIAS por valor de 137 millones de dólares, corrupción y desvíos de las regalías de petróleo y del carbón por valor superior a los 58 mil millones. En el área de la salud en la Guajira hay dolo de la ARS por más de 1.548 millones. Sobre este último se supo que una ARS obtuvo el dinero fraudulentamente cobrando los subsidios con carnés expedidos a los pobres, pero no entregados para su utilización.
En la procuraduría hay montañas de investigaciones por corrupción por diferente cuantía contra gestiones nacionales, departamentales y municipales.
Las FARC definitivamente se olvidaron de la revolución para redimir al pueblo colombiano en sus necesidades básicas y están dedicadas de tiempo completo a un gran negocio. Exportan cocaína y traen auto partes de contrabando. Las cifras en el último año llegarían a los 600 millones de dólares equivalentes a 1.2 billones de pesos colombianos.
La revelación surge de un informe presentado por los empresarios del sector al gobierno para reclamar se tomen las medidas del caso y se evite así la quiebra de este renglón de la economía nacional. Reclamaron políticas más audaces en materia de vigilancia y control. Denunciaron que en muchos puertos la mercancía entra sin tropiezos aduanero.
El grupo terrorista es el encargado de manejar este ilícito en Colombia, dijo Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes y lo hacen como son sus actuaciones, a sangre y fuego. Según estas afirmaciones, se estaría ante una nueva forma de financiamiento que tendría este grupo terrorista y sus dirigentes, que en principio sería desconocido para las autoridades del alto gobierno.
Señalaron al jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, como el responsable de introducir el contrabando, con el cual ese grupo subversivo lava parte del dinero que obtiene en el exterior por el narcotráfico. Hay quienes afirman que el negocio es particular y no de las guerrillas. En el 2004 la entrada ilegal se hizo por vía terrestre desde países vecinos como Venezuela y Ecuador en grandes contenedores.
Muchos empresarios legales han recibido amenazas de los grupos armados para que se retiren del negocio eliminando la competencia. En los puertos no hay complicidad manifiesta porque cuando llegan los contenedores, alguien dice que es una carga para el Mono Jojoy entonces los funcionarios se desaparecen como por encanto. Por todas las carreteras del país van y vienen las autopartes sin contratiempos. La vía siempre está libre.
Las FARC definitivamente se olvidaron de la revolución para redimir al pueblo colombiano en sus necesidades básicas y están dedicadas de tiempo completo al gran negocio. Exportan cocaína y traen auto partes de automotores de contrabando. Las cifras de ganancias en el último año llegarían a los 600 millones de dólares equivalentes a 1.2 billones de pesos.
La revelación surge de un informe presentado por los empresarios del sector al gobierno para reclamar se tomen las medidas del caso y se evite así la quiebra de este renglón de la economía nacional. Reclamaron políticas más audaces en materia de vigilancia y control. Denunciaron que en muchos puertos la mercancía entra sin tropiezos aduanero.
El grupo terrorista es el encargado de manejar este ilícito en Colombia, dijo Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes y lo hacen como son sus actuaciones, a sangre y fuego. Según estas afirmaciones, se estaría ante una nueva forma de financiamiento que tendría este grupo terrorista y sus dirigentes, al parecer desconocida para las autoridades del alto gobierno.
Señalaron al jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, como el responsable de introducir el contrabando, con el cual ese grupo subversivo lava parte del dinero que obtiene en el exterior por actividades de narcotráfico. Hay quienes afirman que el negocio es particular y no de las guerrillas. En el 2004 la entrada ilegal se hizo por vía terrestre desde países vecinos como Venezuela y Ecuador en grandes contenedores.
Muchos empresarios legales han recibido amenazas de muerte de los grupos armados intimidándolos para que se retiren del negocio y la competencia sea menor. En los puertos no hay forma de hacer seguimiento, porque cuando llega un contenedor y alguien dice que es una carga para el Mono Jojoy entonces los funcionarios desaparecen para evadir problemas. Por las carreteras del país el contrabando va sin contratiempos.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció la violación de los derechos sindicales en Colombia. Dejaron entrever que podría existir complicidad del gobierno en algunas situaciones registradas. De Latinoamérica solo dos países tienen problemas graves de garantías para el ejercicio del sindicalismo, Colombia y Guatemala.
La Conferencia anual de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en Ginebra, la ONG, integrada por más de 280 organizaciones no gubernamentales, expresó su preocupación por el abandono, por parte de los gobiernos, de su obligación de garantizar la libertad de asociación y negociación.
La OMCT exteriorizó su inquietud y dudas por la situación de los líderes sindicales y de sus familiares en Colombia, donde la lucha por los derechos de los trabajadores y campesinos a menudo se asocia a organizaciones subversivas izquierditas cono las FARC y el ELN.
Sólo en 2004 la organización internacional contabilizó veinticinco asesinatos de sindicalistas y sólo una condena. Los dirigentes de los sindicatos están bajo constante amenaza de muerte por parte de grupos paramilitares o expuestos a arrestos arbitrarios.
Las agrupaciones sindicales colombianas han denunciado la puesta en marcha, con la complicidad del gobierno, de un plan para la liquidación de los movimientos sindicales. Las reestructuraciones hechas por el régimen a organismos oficiales no son cosa diferente que el ataque frontal a sus sindicatos para eliminarlos.
El envío de una delegación de la OIT a Colombia es una señal de que la comunidad internacional va a dar un nuevo impulso a acciones internacionales para frenar al intento de acabar con las organizaciones de los trabajadores por parte del gobierno colombiano.
Observadores nacionales han señalado que de seis años a la fecha el debilitamiento del sindicalismo colombiano es notorio. Los sindicatos que agrupaban afiliados nacionalmente han desaparecido.
En Colombia, mientras el presidente de la República se engancha en discusiones bizantinas con sus antecesores y todo aquel que haga reparos a su gobierno, los verdaderos problemas sociales siguen intactos.
El Vicecontralor General, Luis Bernardo Flórez, acaba de informar al país que los grupos irregulares ejercen dominio y autoridad en 400 municipios del país, de un total de 1.200, obligando un cambio muy significativo en el mapa social, político y económico de Colombia.
Los Paramilitares, narcos y guerrilleros sumados, tienen 4 millones y medio de hectáreas de tierras productivas de la mejor calidad que pueda existir, pero la administración silencia y trata de desconocer la realidad.
Los estudios señalan que no se sabemos quién tiene más, porque no hay forma por el momento de diferenciar entre unos y otros. (FARC, ELN, Paramilitares y narcotraficantes)
El documento oficial, sobre la tenencia de la tierra, realizado en los últimos meses señala que esta situación provoca al país la pérdida una enorme cantidad de tierra que debería estar dedicada a prestar un servicio agrícola y mejorar la seguridad alimentaria de los colombianos.
El presidente garantizó devolvería a los campesinos 110 mil hectáreas de este tipo pero a esta altura de su mandato sólo han devuelto para efectos de la reforma agraria cinco mil hectáreas.
Para aplicar soluciones hay problemas que no son prioritarios para el ejecutivo y congreso. Son de tipo legal/judicial y de debilidad administrativa de los organismos del Estado como la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Incoder. Pereciera que los funcionarios estuvieran en los cargos de paseo y no trabajando para solucionarle problemas a los colombianos.
En los municipios donde los violentos están imponiendo su presencia a balazos, no solo afectan la equidad social y la capacidad de producción alimenticia nacional, sino la siembra del hambre y muerte en forma generalizada.
El Ministro de hacienda dijo que la economía debe crecer al 6%, pero para alcanzar esa cifra urge una serie de requisitos y superar varios problemas de incentivos a la inversión y la seguridad jurídica. El año anterior el crecimiento llegó solo al 3.7% cifra muy baja comparativa con otros países de la región como Venezuela que superó el 12%.
Alberto Carrasquilla, cree que el país está en capacidad de sostener y aumentar el actual ritmo de crecimiento económico pero dijo que el reto era lograr tasas por encima del seis por ciento.
En reiteradas ocasiones y en diferentes tonos, los medios económicos, industriales y políticos han expresado serias deudas sobre el manejo del país. A esos reparos el Ministro respondió que " los indicadores contradicen el escepticismo sobre que la marcha de la economía se está deteriorando".
Como es tradicional en el gobierno actual, desde hace dos años, cada seis meses, el ministro anunció una nueva reforma tributaria para "bajar los impuestos y ampliar la base del IVA". Organismos nacionales e internacionales han expresado que el permanente cambio de reglamentación para la tributación, infunde desconfianza y es sinónimo de despiste.
Opinó que era partidario de eliminar el impuesto bancario del 4x1000 pero manifestó que antes de hacerlo es indispensable encontrar una fuente sustituta de esos recursos para el gobierno. Este impuestos que tiene que ver con en retiro de dineros en el banco, fue creado hace cerca de cinco años para satisfacer una emergencia, pero luego lo hicieron permanente.
Dijo que hay que tener mucha fe en el país y que la gente está contenta como lo refleja la mayor inversión privada y las diferentes encuestas. El contento de que habla el ministro no existiría según de la Contraloría, ONGs internacionales, organismos multilaterales, periodismo, etc. En los sectores de rango medio y bajo la percepción es totalmente contraria a la del funcionario.
En Colombia, la gente está dejando de comer para pagar impuestos y servicios públicos. Los comerciantes han registrado bajas pronunciadas en la demanda de alimentos no solo en supermercados y grandes cadenas de almacenes sino las tiendas de barrio.
El hecho de que el consumo crezca a ritmos menores al crecimiento de la economía está asociado con el desempleo y los crecientes impuestos, afirma un estudio de la Universidad Nacional.
Para Álvaro Montenegro, de la Universidad Javeriana, la caída del consumo de productos básicos refleja que las entradas de las familias de ingresos bajos y medios se han resentido por los mayores impuestos y el impacto de la reforma laboral al eliminarle trabajador recursos por nocturnos, extras, dominicales y otros ingresos que mejoraban su salario base.
Lo que se está viendo es lo que se esperaba de la política económica del Gobierno, que está dedicado a favorecer las clases más altas mientras que castiga a los de ingresos bajos y a los asalariados sin contemplaciones de ninguna naturaleza, dice el estudio de la más grande y meritoria universidad colombiana.
Por concepto de los impuestos solo en los cuatro primeros meses del año los colombianos pagaron 14,4 billones de pesos, 12 por ciento más que el año pasado, sin contar los pagos por predial y vehículos. Sin tener en cuenta la realidad nacional, Planeación nacional cree que debe incrementarse más los impuestos como predial.
Un estudio de la Universidad Nacional realizado para Planeación Distrital que analizó la capacidad de pago de 12.140 hogares de Bogotá llegó a conclusión de que el pago de los servicios públicos obliga a las familias pobres a recortar aún más la menguada alimentación y educación.
Las familias más pobres de Colombia (estrato 1) destinen el 11 por ciento de sus ingresos al pago de servicios públicos, mientras que los más ricos (estrato 6) apenas el 5 por ciento". El Gobierno dice estar muy satisfecho.
La pobreza en Colombia en los dos últimos años no ha cedido y antes por el contrario se ha agudizado más. Las políticas oficiales para mejoramiento de las condiciones humanas de los colombianos no han dejado los resultados que inicialmente se fijaron como metas. El problema es tan grave que las elites económicas del país (Sarmiento Angulo) han expresado la urgencia de políticas reales en beneficio del desposeído.
Algo menos de la mitad de los hogares colombianos tienen casa, pero de esos el 20% de las viviendas acusan alto riesgo de inundaciones, avalanchas o catástrofes. El ejemplo se vio Santander cuando en Girón, Bucaramanga y otros municipios una racha invernal produjo con resultados de 5.817 viviendas destruidas y 2.941 afectadas.
El 52% de los pobres carecen de acceso a salud, el 90% de los trabajadores de escasos recursos no tiene seguridad de una pensión y 8 millones de pobres (camino a la miseria) habitan en las zonas rurales y 15 millones en las ciudades. Es increíble que en Colombia haya departamentos como Chocó donde la pobreza llega a 72,7 por ciento y Córdoba donde la cifra es similar.
Como la situación va por mal camino rumbo al desastre, expertos en la materia han urgido un revolcón absoluto en los estratos socioeconómicos que rigen nuestra economía. Han precisado que las políticas del actual gobierno no sirven desde todo punto de vista. La barahúnda de normas y estrategias solo sirven para que los subsidios no lleguen a los más pobres y sí a los estratos más altos.
La práctica de la inequidad y discriminación en los presupuestos nacionales ha generado problemas en el poder adquisitivo de los más pobres a puntos desesperantes. Con la pérdida de empleo del jefe de hogar, una familia pasa de soportar una pobreza llevadera a un hogar rodeada de hambre y de miseria. La evolución: Pobreza del 15% al 51,8%, indigencia 5% al 16,6% y participación del primer quintil en ingreso de 4,2% al 2.8 por ciento.
Los valores morales no tienen importancia ni para nuestros gobernantes ni para los parlamentarios. Esa situación ha hecho que las instituciones entren en un ambiente de sórdido que obliga la desconfianza. Hablar de políticos y funcionarios dentro de las gentes del común es lo mismo que hablar de delincuentes. Para esa franja de opinión las tres palabras son sinónimas.
Que dignificante fuera para Colombia que el Congreso diera ejemplo y fueran los congresistas quienes actuaran en pleno para poner todo tipo de cortapisas para evitar fraudes, pero no es así. En materia de pensiones, para tomar un solo ejemplo, han tratado de hacer lo contrario, sabotear a quienes buscan esas limitaciones al abuso en el caso del carrusel de pensiones.
No conozco a Telésforo Pedraza, pero si se que este parlamentario está trabajando a brazo tendido con el fin de dejar una norma clara y categórica dirigida a diversos sectores de la sociedad con el mandato de que no se pueden otorgar beneficios a quienes no tienen derecho a ellos, en detrimento de otros colombianos que también aspiran a una pensión.
La intención de Pedraza es que para tener derecho a estas mesadas se exija por lo menos cuatro años de ejercicio como congresista. La propuesta fue presentada en la Comisión Séptima de la Cámara, que la derrotó por amplia mayoría, pero fue revivida por una Comisión Accidental y será remitido a la Comisión Tercera.
La reforma pensional propone, además, un tope de 25 salarios mínimos para las mesadas que se paguen con recursos públicos. Esto no les ha gustado a muchos funcionarios y políticos colombianos quienes estaban acostumbrados al abuso y malas mañanas para defraudar a los fondos de pensiones.
Las entidades públicas tienen que revisar todas las pensiones liquidadas en el sector oficial para conocer las fraudulentas que no cumplieron con los requisitos de ley y cuáles los parlamentarios honestos y quienes se han prestado o quieren seguir en la acción defraudadora.
Notamos que el presidente quiere que el congreso comience evacuar leyes como locos sin estudiarlas ni calcular el peso que puedan tener sobre la comunidad colombiana. Según sus propuestas recientes quieren que entren en una desbocada carrera. La mejor campaña es la campaña de un Congreso que debería trabajar en estos días de urgencia de lunes a viernes. En mis épocas de joven estas propuestas las llamaban darle casquillo a la gente para que se mate en el trabajo y así el casquillero recoger los beneficios del trabajo de los otros. A él no le importa un carajo la reelección de los parlamentarios, incluidos sus amigos, a él le interesa es la imagen para su propia reelección. Es verdad que la reelección de los congresistas en un 50% cuando mucho, es posible con un Congreso querido por la opinión pública. De eso si no le quepa a nadie la menor duda porque es así. En eso si tiene toda la razón el candidato presidencial Álvaro Uribe. ¿Cómo es un congreso querido por la opinión pública? ¿Aquel que le quita las a los sectores obreros y empleados las horas extras, los dominicales, los trabajos nocturnos, que le sube al IVA a cada momento, que aprueba verdaderas casadas de impuestos, que disminuye los recursos como regalías a los municipios, aleja las posibilidades de pensionarse, quita mesadas, etc.? ¿Es acaso un congreso muy querido por la opinión pública aquel integrado por personas que solo piensan en contratos y puestos para sus familiares en las embajadas como segundo pago a su gestión? (el primer pago es el sueldo que reciben de $16 millones mensuales). ¿Es un buen congreso aquel cuyos congresistas llegan con los ojos cerrados a aprobar leyes porque así lo mando el presidente sin importar las repercusiones que éstas normas tengan en los electores? Yo no admiro a un congresista por la cantidad sino por la calidad de leyes aprobadas. Si son adversas a mi, la familia y mi entorno, son malas, así sean buenas a las cúpulas del poder en país.
