Delincuencia retrocede en Colombia

La Policía Nacional dio a conocer a la opinión pública colombiana los más importantes resultados de su gestión frente a delitos con fondo económico que estaban asfixiando a las gentes de todos los estratos. La guerra en este sentido la va ganando la fuerza pública dándole a la gente del común un respito de tranquilidad.

Los homicidios, los secuestros y las extorsiones en Colombia se redujeron en un 47% en promedio durante el primer semestre de 2005, informó la Policía. Estos eventos normalmente son cometidos por las narcoguerrilla, paramilitares y delincuencia común en su orden.

Los asesinatos disminuyeron un 21% al pasar de 10.781 casos entre enero y junio de 2004, a 8.548 en el mismo período de 2005. La acción de las autoridades evitó que 2.233 colombianos murieran violentamente. Ese es el número que diferencia a los dos semestres estudiados.

Los secuestros bajaron de 484 a 172 en la primera mitad del presente año, lo que significa un descenso de 64% (312 casos menos). 62 rehenes civiles fueron rescatados por los organismos de seguridad, mientras que diez recuperaron la libertad por presión de la Policía. Once secuestradores fueron abatidos y 238 capturados.

La población civil dejó de pagar cerca de 33 mil millones de pesos en rescates. A finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI, Colombia registró una media de 3 mil secuestros año. Era una situación desesperante que definitivamente va en barrena.

Hubo reducción de las extorsiones en un 56% en el semestre. Hubo 631 casos de 815 del mismo período del año pasado. En desarrollo de operativos contra ese delito fueron muertas cinco personas y detenidas 609, al tiempo que se evitó el pago de seis millones de dólares a los delincuentes.

La policía tiene la meta de debilitar los niveles criminales a cero y quitarle al país la atmósfera de inseguridad generalizada que alcanzaron a entronizar las narcoguerrilla, paramilitares y delincuencia común.

Delincuencia retrocede en Colombia

La Policía Nacional dio a conocer a la opinión pública colombiana los más importantes resultados de su gestión frente a delitos con fondo económico que estaban asfixiando a las gentes de todos los estratos. La guerra en este sentido la va ganando la fuerza pública dándole a la gente del común un respito de tranquilidad.

Los homicidios, los secuestros y las extorsiones en Colombia se redujeron en un 47% en promedio durante el primer semestre de 2005, informó la Policía. Estos eventos normalmente son cometidos por las narcoguerrilla, paramilitares y delincuencia común en su orden.

Los asesinatos disminuyeron un 21% al pasar de 10.781 casos entre enero y junio de 2004, a 8.548 en el mismo período de 2005. La acción de las autoridades evitó que 2.233 colombianos murieran violentamente. Ese es el número que diferencia a los dos semestres estudiados.

Los secuestros bajaron de 484 a 172 en la primera mitad del presente año, lo que significa un descenso de 64% (312 casos menos). 62 rehenes civiles fueron rescatados por los organismos de seguridad, mientras que diez recuperaron la libertad por presión de la Policía. Once secuestradores fueron abatidos y 238 capturados.

La población civil dejó de pagar cerca de 33 mil millones de pesos en rescates. A finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI, Colombia registró una media de 3 mil secuestros año. Era una situación desesperante que definitivamente va en barrena.

Hubo reducción de las extorsiones en un 56% en el semestre. Hubo 631 casos de 815 del mismo período del año pasado. En desarrollo de operativos contra ese delito fueron muertas cinco personas y detenidas 609, al tiempo que se evitó el pago de seis millones de dólares a los delincuentes.

La policía tiene la meta de debilitar los niveles criminales a cero y quitarle al país la atmósfera de inseguridad generalizada que alcanzaron a entronizar las narcoguerrilla, paramilitares y delincuencia común.

Un candidato despistado

Convergencia Ciudadana es incoherente en su posición política. “No sé qué posición ideológica hay allí. No veo unidad de criterios...”, precisó quien hasta hace pocos días fue su candidato presidencial, el abogado y ex magistrado Gregorio Hernández.

“Ellos fueron los que me llamaron para presentarme como candidato a la Presidencia, pero no estaban conmigo sino con el Presidente de la República quien tiene ideas políticas contrarias a las mías…” Dijo ser de pensamiento social y no monetarista.

Hubo diferencias políticas con el senador Luis Alberto Gil Castillo “dueño” de Convergencia Ciudadana a raíz del apoyo a la Ley de Justicia y Paz. “No comparto esa ley. Me parece que es inconstitucional y fomenta la impunidad”, no les importó lo que yo pensaba.

“Sé que congresistas de Convergencia votaron a favor de la ley y ellos están en su derecho. Son compromisos contraídos con las fuerzas beneficiadas por la ley, la candidatura mía era secundaria para ellos”.

“Convergencia ha estado con Álvaro Uribe Vélez y en ningún momento pensamos retroceder” ha declarado Luis Alberto Gil, pero agregó que ese apoyo podría desaparecer “salvo que consiguiéramos otro candidato”. Tendría que dar más que Uribe.

El senador dijo que están con Uribe porque “es una moda en el país estar con él” y porque es el único que puede “dar”. El hecho que sean de izquierda o de derecha, poca importancia tiene para Convergencia Ciudadana y sus directivos.

Gregorio Hernández añadió que “Eso (Convergencia Ciudadana) no tiene ni pies ni cabeza, es una masa informe de personas que no saben en dónde están, ni para dónde van… se dan bandazo aquí y allá…

No se sabe si son de derecha o de izquierda mientras algunos se llaman de centro. La idea es que estando aquí se facilita el deslizarse para cualquier lado a la caza del provecho personal económico...

Convergencia Ciudadana es una moda y las modas pasan rápido, desaparecen sin dejar huellas.

Polarización Política impulsada por Uribe

La política colombiana no está polarizada porque el presidente de la Dirección Nacional Liberal sea el ex presidente César Gaviria Trujillo o porque los candidatos de esa colectividad busquen por todos los medios quitarle el maquillaje a las gestiones de gobierno.

La polarización de la política en el país nace en el mismo momento en que Uribe abraza el derechismo a ultranza y ante pone los intereses de las transnacionales y de la élite del capital colombiano a la realidad nacional.

Crece cuando se toma la determinación de borrar de la Constitución Nacional cualquier viso de obligación social del estado para con sus 44 millones de habitantes e impulsa la discriminación entre valiosos ricos y mugrosos pobres colombianos.

El embeleco reelección llevó a la cresta la polarización de la política colombiana y eso no fue cuestión de Gaviria Trujillo. Toma fuerza inusitada cuando el gobierno revive el clientelismo en el congreso e impulsa la traición.

Fue el gobierno el que demarcó muy claramente los límites de las derechas capitalistas desaforadas y las izquierdas acorraladas por las necesidades básicas. Es Uribe el que no ha parado en buscar donde y como sea apoyo a la reelección presidencial.

Lo que están haciendo Gaviria, Serpa y otros, es analizando la política gubernamental y llamando las acciones y personas con su nombre, de frente, sin hipocresías y sin doble moral. La democracia es eso.

Gaviria dijo que la visión de la sociedad del partido liberal y la derecha que representa el Presidente Uribe son diferentes. Además, agregó, es una derecha que tiene muchos elementos mafiosos detrás que el Presidente Uribe debería rechazar.

“Muchos de los que le están ofreciendo apoyo son de pleno conocimiento público se trata de personas cercanas a grupos armados, cercanas a la violencia y que se quieren infiltrar en nuestra administración pública”.

Gaviria no está generando sectarismo, vive lo que creó Uribe.

Alerta enfermedades vectoriales

Las últimas noticias en materia de salud pública en Santander, en lo corrido del primer semestre del año, no resultan muy halagüeñas. El dengue, la leishmaniasis, el mal del chagas y la malaria, están atacando al 80% de los municipios de Santander.

Tanto que estas enfermedades que se creían estaban rumbo a su desaparición y que estaban “controladas” se convirtieron en el principal problema de salud pública. El Observatorio de Salud Pública de Santander lanzo la alerta sobre “Enfermedades de Transmisión Vectorial, ETV”.

El dengue hemorrágico es la enfermedad vectorial de mayor impacto, pues en lo que va del presente año ya les ha ocasionado la muerte a 4 personas. Igual número de víctimas sucedieron en todo el año 2004.

En los primeros cinco meses del 2005 se han registrado 344 nuevos casos. El Municipio más afectado por esta dolencia es Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón o el Área Metropolitana.

El organismo gubernamental tiene registro de 382 casos de dengue clásico, 545 de leishmaniasis y 53 con la enfermedad de chagas. Para la malaria, hubo en el Departamento 85 eventos.

Para el caso del dengue, Bucaramanga es el conglomerado de mayor impacto; la leishmaniasis se presenta con mayor frecuencia en zonas de la provincia de Vélez; la fiebre amarilla en Puerto Wilches, Barranca, Sabana de Torres y Rionegro.

Para el área la leishmaniasis se detectó que los más afectados están entre los 15 y los 44 años. Para las demás enfermedades de la historia no fue posible establecer distinción pues surgió indistintamente.

Santander es una región con predisposición a estas patologías. En la región hay un comportamiento cíclico de enfermedades vectoriales, pero la emergencia invernal que hubo en febrero y las lluvias constantes todo el tiempo, las han incrementado.

“Este año han habido un pauta singular en la presencia Enfermedades de Transmisión Vectorial, ETV que hacen encender las luces de alerta pública.

Honorables deshonestos

Da pena decirlo, pero la verdad es que la clase política colombiana, toda, no ha evolucionado a lo positivo y sigue siendo sinónimo de mañas malsanas cuando de hacerse reelegir se trata.

Nadie le tiene confianza, al punto que, el procurador de la nación acaba de proponer regresar a la vieja usanza de untarle de tinta indeleble el dedo índice y tomarle la huella al elector para impedir el fraude.

Este método se implantó en el país al principio del Siglo XX, poco después de la guerra de los Cien Días y para entonces tuvo un resultado excelente por lo avanzado de su modernísima tecnología de punta pero después se volvió inocuo.

Cien años más tarde, en plena época de viajes espaciales, comunicaciones intercontinentales instantáneas inviolables y otras cosas más, los colombianos vamos a retroceder a los sistemas de seguridad del pasado.

El procurador cree que “Colombia debe retomar el uso de la antigua tinta indeleble en el dedo índice de los electores para evitar que los fraudes alteren los resultados de los comicios generales del próximo año”.

Las autoridades electorales en el 2006 deben evitar las irregularidades de los comicios parlamentarios anteriores cuando urgió la anulación de más de 1,5 millones de votos, por prácticas como la de la suplantación de electores.

Colombia tendrá en el 2006 dos jornadas electorales, la primera en marzo para Congreso. La segunda, con dos vueltas previstas para mayo y junio, cuando elegirá nuevo Presidente para el cuatrienio que irá hasta el 2010.

Aún cuando la mejor formula de seguridad es la moral del elegido y del elector Colombia no se puede pensar en eso. Las deshonestidades que tanto se habló de combatir, no solo están intactas, más que eso, fueron perfeccionadas en sus métodos de aplicación.

No creo que la tinta “indeleble” sea garantía de pureza electoral. Si los correctivos no van a la par de la tecnología 2006, su uso es inocuo y tolerante del delito creciente.

Más erosión pensional

Subir la edad de pensión, bajar las semanas. Una visión muy simplista y de poco fondo frente a la realidad nacional. Se trata de soluciones trazadas desde ángulos divorciados de la realidad que viven millones de colombianos. Todo lo que establezca "subirle" es alejar cada vez más las posibilidades de una pensión a los trabajadores no fijos.

La nueva formula mágica es "Reducir el número de semanas cotizadas a los trabajadores de alta rotación laboral o trabajadores que laboran al destajo, 15 días y descansan 30 para un nuevo trabajo y así obtendrían su jubilación a una mayor edad" fue propuesta de los fondos de pensiones. No hablaron si obtendrían una pensión igual o superior al salario mínimo.

Las lumbreras de ahora aseguran que al aumentar la edad de jubilación le garantizarán ese derecho a los trabajadores de alta rotación laboral ya que requerirán un menor número de semanas en aportes para obtener el beneficio. También debe ser cierto que la pensión otorgada a un ancianito desaparecerá más rápidamente de la responsabilidad de los "fondos".

Para Asofondos, el tema pensional amerita más atención y soluciones, eso es verdad, como también es verdad que las soluciones no pueden ser como las propuestas por el gobierno, insistentemente, desmejorando la calidad de vida del ciudadano por debajo del salario mínimo. Eso es peor que no tener nada.

La propuesta será llevada a consideración del Congreso que tramita actualmente la reforma a la ley de seguridad social nuevamente y por sexta vez en el Gobierno de Álvaro Uribe. Dios quiera que los congresistas se mantengan en la tesis que no puede haber pensión menor al salario mínimo.

Hay otros quienes aseguran que el problema real de las pensiones es que cada día hay menos gente afiliada a los fondos. La ya aburridora y semestral reforma del sistema de pensiones desanima e infunde desconfianza porque eso solo está traduciendo que más allá de esas gestiones todo será improvisación.

Repugnantes prácticas hospitalarias

Hasta que al hubo la primera vez. Desde que a la salud pública colombiana dejó de ser un servicio a la comunidad para convertirse en un negocio que debía dejar amplia y generosa rentabilidad, son muchos los abusos que se cometen diariamente en hospitales y puestos de salud.

El abandono de la conciencia social por el abrazo a las ganancias monetarias lo corrompió todo. El afán a ofrecer a final del año balances con muchos miles de millones de pesos ha llevado a los administradores hospitalarios a la consumación del crimen.

La retención de pacientes en hospitales por falta de dinero para pagar las generosas cuentas que les presentan por sus “servicios prestados”, ya común en todo el país como modelo de ejercer presión por el dinero, se constituye en secuestro extorsivo y así será tratado por jueces y fiscales.

Por primera vez en la historia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra dos funcionarios hospitalarios, por retener por más de cinco días a un bebé de 4 meses, porque sus padres no tenían el dinero para pagar la asistencia médica dada.

Esta repugnante práctica se ha presentado en lo corrido del 2005 en 30 centros médicos en el país, casos que están siendo investigados. Quienes retengan de manera ilegal a personas, bebes o cadáveres condicionando su devolución al pago de dinero, están incurriendo en el delito de "secuestro extorsivo".

Esa práctica inhumana de los hospitales, según un funcionario de Bucaramanga, Colombia, fue recomendada hace unos años atrás por altos funcionarios de los Ministerios de Hacienda y Salud. Ellos solo ven “rentabilidad” nunca dolor ni necesidad humana.

La situación había llegado a extremos tan incompatibles con la condición humana que retenían cadáveres descompuestos y luego así los entregaban. ¿Le diremos adiós a esa vergüenza deshumanizada y antisocial? ¿Volverá la abandonada rentabilidad social desechada por dinero?

Hambre y terror por cuenta de las FARC en Colombia

Los habitantes del Putumayo se están muriendo de hambre y todo porque a un grupo de colombianos agrupados en las FARC decidieron hacer un paro armado. Se trata de un comportamiento de lesa humanidad que atenta contra los civiles y las gentes de bajos recursos económicos. Es de una técnica diseñada por Marx para finales del siglo XIX y principios del XX, cuando al poder se accedía a través del terrorismo y la violencia.

Los alcaldes del Putumayo aseguraron que la situación es cada vez es más crítica por la falta de alimentos y el desabastecimiento de combustible, que causó el paro armado de las Farc y desde hace más de 15 días. "La población humilde está sufriendo de hambre física porque los violentos no dejan entrar alimentos" que llegan a través de las carreteras y las veredas en donde matan al que pretenda llevar comida.

La ayuda humanitaria del Gobierno no ha llegado a todas las zonas. Los sectores más afectados son los rurales en donde además del bloqueo de las FARC se desarrollan violentos combates con las fuerza pública. "Primero están las personas de las zonas rurales, que no se pueden mover por temor a las balas disparadas sin ninguna clase de contemplaciones a quien desacate el paro armado".

Esta difícil situación se extiende a lo urbano. En el municipio de Puerto Asís, su alcalde, se han tenido que crear cocinas comunitarias para que parte de la población pueda comer una vez al día. Pero, la comida en tiendas y depósitos, a pesar de su utilización medida, amenaza con acabarse en los próximos días.

El miedo de la población se incrementó tras la instalación de una granada en el hospital municipal. Las minas en las vías y el franco tiradores ayudan a hacer más profundo en terrorismo. El llamado está dirigido al gobierno nacional, también a los gobiernos europeos y americanos.

Las marchas pidiendo paz no han servido. Las FARC solo busca intimidación y sus propósitos de drogas y armas.

Gana la irresponsabilidad

El 90% de los accidentes que ocurren en Colombia son culpa de los conductores. Son situaciones que en un gran porcentaje son influenciados por el alcohol y los excesos de velocidad. Otro ítem es el exceso de confianza y el desconocimientote las normas legales que regulan el transito y el transporte tanto en lo urbano como carretero.

Según el presidente del Comité Técnico de Automóviles de Fasecolda, (entidad que aglutina a las aseguradoras), en el primer semestre de este año se registraron más de 115.000 accidentes de tránsito en el país. Esta cifra los tiene alarmado y pensando en la toma de medidas más radicales.

En el mismo lapso, las aseguradoras de Colombia han pagado 275.000 millones de pesos en daños y choques de vehículos, un 11.5 % más que el año pasado cuando esta cifra llegó a los 245.000 millones de pesos. De cien accidentes que ocurren en el país, el 22% suceden en horas de la noche y en la mayoría son los casos más fatales por el número de muertos que dejaron.

Las personas muertas y heridas registradas durante los últimos cinco años suman igual a las víctimas del conflicto armado vivido en igual periodo. En el año 2004 se registraron 229.184 accidentes de tránsito. En estos hechos resultaron heridas 35.914 personas. Del total, más de la mitad fueron protagonizados por vehículos de servicio público.

Todo parece indicar que las leyes aprobadas para aumentar el precio de las sanciones a los infractores no han impresionado a los conductores. Retrata, según expertos, de problemas que tienen sus raíces culturales profundas y la falta de campañas serias y sostenidas desde la escuela para que la gente haga conciencia en que manejar ebrio es una conducta criminal.

Un elevado porcentaje de conductores jóvenes creen que violar las normas es un acto de valentía personal y es desde ese momento cuando comienza el problema de tantos muertos y heridos. 115 mil accidentes son una cifra exagerada.

Encuestas, conceptos y aborto

Los fallos de los tribunales tienen que ser en derecho y no como consecuencia de encuestas que firmas comerciales hace en una mínima parte de la población colombiana y que pretenden hacer aparecer como el querer del pueblo colombiano. Una de esas encuestas la publicó recientemente RCN buscando influir en los magistrados en torno a una demanda que está su estudio.

La firma Yanhaas consultó a 600 personas en cinco sitios del país dando por sentado que el pueblo colombiano en un 65.6% cree que el aborto debe seguir en Colombia penalizado. Los encuestados no fueron ilustrados de que la despenalización que solicita la demandante gira en torno a 3 ocasiones muy puntuales y no en forma general como preguntaron.

Todo este alboroto nace en abril cuando, Mónica Roa, interpone ante Corte Constitucional una demanda que busca despenalizar el aborto en tres circunstancias extremas: cuando la vida de la mujer o su salud estén en peligro, en embarazo como resultado de violación y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. En el resto de casos no.

Centenares de intervenciones ciudadanas en respaldo y contra a la demanda provenientes de diferentes países, con gentes de muchas profesiones, condiciones económicas y sociales fueron radicadas en la corte. Igual sucedió con conceptos de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Protección Social, Ministerio del Interior y de Justicia, ICBF, Universidad Católica y Comisión Colombiana de Juristas.

El último de esos conceptos fue el del Procurador quien cree que la corte debe declarar inexequible el artículo 124 del Código Penal pues lo observa inconstitucional. Se trata de conceptos juiciosamente estudiados desde diferentes puntos de vista con incidencia social y cultural. No son las respuestas improvisadas y sin fondo de una encuesta callejera que no sirve sino para hacer el show noticioso pero sin repercusión social para tener en cuenta.

Verdadera revolución popular

Una reforma agraria, sin la presencia de burócratas, políticos o leyes absurdas y contradictorias, tiene ocurrencia con marcado éxito en una alejada población santandereana del Carmen de Chucurí. Esta localidad está ubicada en la Serranía de los Yariguies, declarada recientemente como parque natural. Los campesinos la llaman “auto reforma agraria criolla” y no intervienen sino sus protagonistas y sus iniciativas.

Los campesinos acceden a la tierra a través de un plan de ahorro programado de manera colectiva durante un año y medio. Desarrollan por ejemplo, bazares, eventos deportivos, culturales, sociales para obtener recursos. A esto le suman el esfuerzo personal de cada cual ahorrando una determinada cantidad de dinero mensual. Todo va a un fondo que manejan ellos mismos sin intervención de ninguna clase persona diferente.

Cuando hay la cantidad suficiente entran en la etapa de negociación de tierras. Se trata de tierra que está en desuso. Luego de adquirida proceden a parcelarla y distribuirla entre las familias que integran el grupo. Se trata de parcelas que miden entre 8 a 10 hectáreas, terreno que creen es suficiente para el trabajo y el sustento de una familia. Los cultivos son muy variados.

Solo entra en juego la iniciativa de los campesinos. Ellos creen a pie junto que con trabajo solidario, base del viejo y auténtico cooperativismo desterrado del país por el Estado al convertirlo de solidario a “especulativo” como los bancos, pueden salir adelante. Ahora lo importante es que los dejen trabajar y no aparezca el gobierno estorbando su desarrollo con detestables normas sin vínculos con la realidad nacional.

Es admirable ver como ellos solos han conseguido su organización social, capacidad de negociación, soporte administrativo, acompañamiento técnico y espíritu de paz y solidaridad. 65 familias ya tienen su parcela en producción. Junto a sus cultivos sus viviendas. Eso si es revolución.

LOS VECINOS DE COLOMBIA Y EL TERRORISMO

El vicecanciller de asuntos políticos de Estados Unidos, Nicholas Burns, dijo que los gobiernos de Venezuela y Ecuador deben cerciorarse de que la guerrilla de las Farc no se refugie en su territorio. Así sus cancilleres y presidentes griten y pataleen, los hechos demuestran claramente que Colombia no tiene cooperación de estos países en la lucha antiterrorismo, tráfico de armas y narcotráfico.

Burns afirmó que "Estados Unidos no es ingenuo" como tampoco lo son los colombianos y europeos en relación con las Farc, a las que calificó como una organización fracasada ideológica y políticamente. "Sabemos que las Farc tienen presencia internacional y es responsabilidad de países como Ecuador y Venezuela no permitir que se refugien en su territorio".

La luz de los hechos señala que 8 frentes de las FARC y 2 columnas del ELN viven en zonas limítrofes con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Las fronteras son utilizadas como corredores para el trafico de armas y drogas, sitios para ocultar secuestrados y evadir la persecución de las autoridades.

La situación en Arauca es ejemplo, pues allí operan el frente décimo de Grannobles y la columna Domingo Lain del ELN. Las FARC tienen presencia en la zona de frontera con Cesar, donde actúa el frente 41, en Norte de Santander donde opera el 33 y la Guajira con el frente 19. Están en casa.

En Putumayo, frontera con Perú y Ecuador, el frente 48 responsable del ataque a la base de Teteyé, utiliza la zona para el suministro de apoyo logística y el tránsito a las selvas fronterizas para efectos del narcotráfico. En Nariño, límite con Ecuador, está el 20 de las FARC; en Guainia y Vichada, frontera Venezolana, el 16 de ‘Tomas Medina’, alias ‘El Negro Acasio’ y en Vaupes, frontera con Brasil, el frente 1.

Están ahí porque hallan seguridad y amparo a sus acciones terroristas y de narcotráfico, de lo contrario habrían desocupado la frontera especialmente con Venezuela.

Otra Vez los manores de edad

Casi todas las semanas los colombianos tenemos que horrorizarnos por las noticias en que los niños de nuestro país se encuentran involucrados de una u otra forma. Violencia, maltrato, trabajos inadecuados, abuso sexual, explotación comercial, utilización para cometer delitos y crímenes como cuando les obligan a militar en las guerrillas o el narcotráfico, son algunos de los temas exasperantes.

De ahora en adelante las cosas van a cambiar para aquellos padres que se niegan a reconocer a sus hijos, burlando el llamamiento de las autoridades para practicar los exámenes de ADN. Para quienes no cumplan con el llamado a los exámenes además de las sanciones establecidas tendrán arresto. Esto para controlar evasión de pruebas de paternidad y la tolerancia que sobre este particular existía

En este momento hay en el país 18.600 menores esperado conocer el nombre de su padre. La evasión del padre a asistir a los exámenes legales alcanza el 70% de la totalidad. Sin el resultado del ADN esos menores tendrán que seguir siendo desconocidos por su progenitor. La inexistencia del resultado se los impedirá.

Pero parece que llegó la hora de poner en cintura a quienes por capricho o miedo, evaden las pruebas de ADN, en los procesos de paternidad. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentenció que la muestra sanguínea es un elemento obligatorio para establecer con exactitud el vínculo de quienes no reconocen a un menor concebido en una relación extramatrimonial.

Entonces, el juez podrá ordenar contra quienes incumplan las citas en los laboratorios que practican las pruebas multas de hasta 5 salarios mínimos mensuales y arrestos. Inspecciones judiciales a la persona o a su lugar de residencia con el propósito de recolectar la muestra y tomar la prueba a los familiares, quienes están obligados a colaborar. En otras palabras si se salen por un lado la justicia entrará por el otro pero hay que proteger al menor.

Acuerdo Humanitario en vilo

Para efectos del intercambio humanitario todo se halla listo. Ahora, la respuesta debe venir de las guerrillas de las FARC, ente fuera de la ley, que hasta hace poco y mientras persistió a la negativa del gobierno al diálogo presionaba su desarrollo responsabilizando este sector de renuente. Ahora el gobierno dijo sí, pero ellos entraron en un estado de silencio. Las Farc tienen 60 personas secuestradas entre militares, policías, políticos y gentes del común.

El Gobierno dijo que está dispuesto a reunirse de manera inmediata con las Farc en el punto que los guerrilleros digan y bajo las condiciones que propongan. "Esperamos que ellos (los guerrilleros) tengan un gesto de buena voluntad y que, por supuesto, se pueda concretar de manera inmediata este encuentro", dijo el Comisionado de Paz.

Francia pidió a la guerrilla de las Farc que responda "positivamente" a la oferta del Gobierno colombiano de alcanzar un acuerdo para liberar a políticos y militares secuestrados. "Llamamos a las Farc, que se han declarado en numerosos ocasiones favorables a la negociación de un acuerdo de ese tipo, a responder positivamente a la apertura del Gobierno colombiano, dijo la portavoz adjunta de la diplomacia francesa, Cecile Pozzo di Borgo.

Mientras se las noticias van y vienen por todos los medios de comunicación de parte de los gobiernos de Colombia y Francia el silencio es más profundo por parte de los responsables de los secuestros. A pesar que hay confianza muchos creen que cuando las FARC rompan el silencio lo van hacer exigiendo condiciones imposibles de satisfacer para entorpecer lo que parece se está encarrilando hacia una solución del problema humanitario.

La angustia es mayor a cada momento ente la posibilidad que las FARC den un viraje en la postura que habían mantenido hasta el momento nacional e internacionalmente. Eso se detecta en los llamados que está haciendo Francia para una respuesta positiva.

Repartiendo miseria

El gobierno ha tratado por todos los medios, fallidos hasta el momento, de penetrar el salario mínimo y ha propuesto muchas veces pagas inferiores a esa cantidad. Ni la opinión pública, los políticos y el sector económico nacional han estado de acuerdo. A esas propuestas siempre se le ha tratado de poner en ropaje de "es mejor algo que nada", pero, la respuesta ha sido que "no es repartiendo miseria como se consigue el desarrollo nacional".

Ahora se habla de crear un tercer sistema pensional. El nuevo régimen aspira a "garantizar" la pensión a 7 millones de colombianos que trabajan independientes o son informales y que a la fecha les es “imposible” cotizar en los regímenes de prima media, ISS, o de ahorro individual en fondos privados, una pensioncita de miseria absoluta pero que daría la apariencia que se está pagando.

De acuerdo con la iniciativa quien no pueda cotizar como lo exige hoy la Ley, es decir, teniendo como base un salario mínimo, podría hacerlo por debajo de este monto y obtener al cabo de "unos años" una pensión equivalente a 75% de un salario mínimo mensual vigente. Si fuera hoy sería de $286 mil menos la mesada descontándole a esa cifra lo correspondiente a “salud”.

“Si una persona que viene cotizando en el ISS o en algún fondo y no ha logrado su pensión debido a que le hacen falta semanas, podría hacerlo con una pensión inferior al salario mínimo”. La idea soterrada del gobierno a como de, es legalizar pagos mensuales por debajo del salario mínimo, primero con la pensión para luego extenderlo a la industria y el comercio.

El presidente del Sindicato del Seguro Social, Saúl Peña, visualizó que la propuesta tiene mucho "olor demagógico" y que no es coherente con lo aprobado en el Acto Legislativo de pensiones donde el Gobierno se negó a ampliar la cobertura en pensiones. En el Congreso muchos se oponen enérgica y abiertamente a que algún colombiano se pensione con menos de un salario mínimo.

Inocentes en la cárcel colombiana

En estos días la televisión colombianazos ha sorprendido con una serie de documentales cortos en donde nos ha mostrado la salida de la cárcel de por lo menos tres ciudadanos, privados de su libertad hasta por 12 años siendo inocentes de las imputaciones que se les habían hechos. Entre esas personásemos visto militares, policías y gentes de estratos sociales muy humildes y los delitos van desde narcotráfico a violación de menores y homicidio.

Pero todo señala que lo mostrado por la televisión es simplemente una mínima muestra de lo que esta ocurriendo. Desde otro ángulo de las realidades nacionales fue posible conocer que hay más de 3.200 demandas han sido instauradas contra la nación por igual número de errores cometidos por la justicia, que han causado la privación arbitraria de la libertad de ciudadanos inocentes.

Las pretensiones económicas que se reclaman por daños y perjuicios causados superan el billón setecientos mil millones de pesos, según las estadísticas del Ministerio del Interior y Justicia. Las 3.200 demandas son las que están en proceso de decisión en los Tribunales Administrativos del país y el Consejo de Estado, pues en otro estado puede haber cifras similares.

La oficina de Defensa Judicial de la Nación lleva la estadística de los sindicados y condenados por delitos que no cometieron y que luego son puestos en libertad cuando se demuestra su inocencia. Allí creen que no se trata de un fenómeno nuevo o exclusivo, asegurando que países como Estados Unidos lo registra frecuentemente.

De todas formas, el número acciones contra el estado y la liberación sistemática de inocentes, muestra que se podría estar actuando ligeramente o que en alguna parte está fallando la aplicación de justicia en materia grave que no puede continuar.

La violación de los derechos humanos de las personas implicadas también reclaman se deben en tener cuenta, no solo debe ser el dinero lo que preocupe al gobierno.

El desplazamiento no cesa en Colombia

El número de desplazados por el conflicto armado en Colombia aumentó en un promedio de 724 personas al día en el primer semestre del año pasado a 848 en el mismo período del 2005. La dura verdad señala que en el segundo trimestre del año el desplazamiento forzado afectó a por lo menos 91.467 personas de alrededor de 18.293 hogares. Fueron 153 mil personas en el semestre con incremento del 15% en relación al mismo período del 2004

La afirmación, contraria a los criterios del gobierno, fue hecha por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en donde se afirma que el fenómeno social del desplazamiento por el conflicto interno ha bajado. Las comunidades más afectadas son los indígenas, afro-descendientes, campesinos y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas. El problema tiene ocurrencia en 564 municipios.

En este informe Codhes explicó que "la gente también se va del país". En Ecuador, Panamá y Perú, 3.065 compatriotas solicitaron refugio entre el primero de enero y el 30 de junio. Otros 2.110 colombianos pasaron las fronteras con otros países vecinos o viajaron a otras regiones del mundo. 5.175 es el número de seres humanos que se fueron de Colombia por efectos del conflicto interno.

El desplazamiento forzado existe como una expresión de inseguridad y ausencia del Estado frente a las personas expuestas a una situación de alta vulnerabilidad de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. En palabras mas sencillas “no hay garantías de ninguna naturaleza”.Desde mediados de la década de 1980, algo más de 3 millones de colombianos han sido víctimas de desplazamientos forzados.

La mayor parte de los desplazamientos del 2005 ocurrieron en el sur del país donde hay mayor enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las guerrillas y en áreas de amplio control paramilitar. ¿Eso será la llamada “Seguridad Democrática” para los colombianos?

Defensa débil y tardía a una ley

El Gobierno colombiano lamentó la tardía explicación de la ley "justicia y paz" y su "costo político”. Buena parte de la opinión colombiana cree que ese costo proviene no solo de la demora en explicar la ley, también hay otros factores como la arrogancia y prepotencia aplicada cuando estaba en trámite de aprobación.

Se desconocieron sectores muy amplios de la vida ciudadana, como los partidos Liberal y Polo cuyas opiniones en muchas ocasiones se despreciaban y en otras era causa de burla. Esto genero un anillo de repulsa y malestar cuyas consecuencias ahora saltan a la vista. Esa “alegría” de que habían pasado por encima de las demás opiniones, hoy es costo.

Se demoraron mucho los integrantes del alto gobierno, especialmente Álvaro Uribe, Ministro del Interior y Comisionado de Paz, para darse cuenta que esa ley no era una ley corriente que se podía manejar con prebendas y tráfico de influencias. Se quedaron cortos al sopesar el valor de la opinión nacional e internacional creyendo que solo con la de ellos era suficiente y sobraba. La duda esta regada por todo el mundo y es muy difícil que cambien criterios.


Es penoso tratar de convencer a los extranjeros sin antes haberlo hecho con los colombianos. En USA se habla que se trata de una ley fruto de la democracia mientras en Colombia los Liberales y de Polo Democrático, creen lo fue de la imposición dictatorial, grotesca, vulgar, inconsulta y probada con pobres mayorías hechas a base de prebendas dadas por el ejecutivo.

Y siguen en las mismas. El gobierno insisten en imponerse como y cuando la gente piensa diferente que ellos, no son opiniones a tener en cuenta y considerar, sino “desinformación” o actitud "obtusa y equivocada".

La verdad es solo de ellos y nada más que de ellos sin la más remota posibilidad de que pueda existir una variante de luz. Se tiene que aceptar lo dicho por ellos, pero nada de los demás porque son mostrencos y desorientados.

Paramilitares faltan a la palabra

No hay buena fe ni verdaderas intenciones de paz y concordia por parte de algunos, bastantes, sectores de los paramilitares en el país. Todos los días estamos viendo, leyendo y oyendo noticias de situaciones que no se compadecen con un compromiso de paz. Uno de esos desafueros lo acaban de cometer en la ciudad de Cúcuta al pretender difundir la especie de que ellos, los paramilitares, son de gran influencia en las decisiones que toma la Corte Constitucional.

El magistrado, Rodrigo Escobar Gil, calificó como un hecho "gravísimo". Indicó que constituye un "acto delictivo y criminal", pero advirtió que no se puede hablar de influencia de grupos paramilitares en ese alto tribunal. "La transparencia de la Corte Constitucional está fuera de toda duda..." Posiblemente esta corte sea el único oasis de honorabilidad y rectitud que tiene Colombia y por eso se le buscan menoscabar.

La filtración de un fallo de tutela que llegó a manos de grupos paramilitares no es un acto de influencia. Una vez la copia estuvo en manos de los paramilitares comenzaron a amenazar a magistrados locales y a enviar anónimos a los medios de comunicación proclamando que la Corte Constitucional está en manos de los paramilitares. Ahí es donde está la mala fe de quienes dicen buscar el camino para la paz.

El fallo de tutela que se filtró y que había sido preparado por el magistrado, pretendía resolver la pugna por el negocio del chance en departamentos como Bolívar, Atlántico y Magdalena. Ahora es usado para cometer delitos y continuar en las andazas criminales de que habla van a dejar los paramilitares luego de un proceso que al final parece va a ser una simple mentira y nueva frustración para los colombianos.

De lo que si deben estar convencidos los magistrados, es que la mayor parte del pueblo colombiano reconoce en ellos la pulcritud y buenas costumbres que son los únicos rectos y justos en un país de leyes muertas y sobornos oficiales.