Hasta que al hubo la primera vez. Desde que a la salud pública colombiana dejó de ser un servicio a la comunidad para convertirse en un negocio que debía dejar amplia y generosa rentabilidad, son muchos los abusos que se cometen diariamente en hospitales y puestos de salud.
El abandono de la conciencia social por el abrazo a las ganancias monetarias lo corrompió todo. El afán a ofrecer a final del año balances con muchos miles de millones de pesos ha llevado a los administradores hospitalarios a la consumación del crimen.
La retención de pacientes en hospitales por falta de dinero para pagar las generosas cuentas que les presentan por sus servicios prestados, ya común en todo el país como modelo de ejercer presión por el dinero, se constituye en secuestro extorsivo y así será tratado por jueces y fiscales.
Por primera vez en la historia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra dos funcionarios hospitalarios, por retener por más de cinco días a un bebé de 4 meses, porque sus padres no tenían el dinero para pagar la asistencia médica dada.
Esta repugnante práctica se ha presentado en lo corrido del 2005 en 30 centros médicos en el país, casos que están siendo investigados. Quienes retengan de manera ilegal a personas, bebes o cadáveres condicionando su devolución al pago de dinero, están incurriendo en el delito de "secuestro extorsivo".
Esa práctica inhumana de los hospitales, según un funcionario de Bucaramanga, Colombia, fue recomendada hace unos años atrás por altos funcionarios de los Ministerios de Hacienda y Salud. Ellos solo ven rentabilidad nunca dolor ni necesidad humana.
La situación había llegado a extremos tan incompatibles con la condición humana que retenían cadáveres descompuestos y luego así los entregaban. ¿Le diremos adiós a esa vergüenza deshumanizada y antisocial? ¿Volverá la abandonada rentabilidad social desechada por dinero?
Los habitantes del Putumayo se están muriendo de hambre y todo porque a un grupo de colombianos agrupados en las FARC decidieron hacer un paro armado. Se trata de un comportamiento de lesa humanidad que atenta contra los civiles y las gentes de bajos recursos económicos. Es de una técnica diseñada por Marx para finales del siglo XIX y principios del XX, cuando al poder se accedía a través del terrorismo y la violencia.
Los alcaldes del Putumayo aseguraron que la situación es cada vez es más crítica por la falta de alimentos y el desabastecimiento de combustible, que causó el paro armado de las Farc y desde hace más de 15 días. "La población humilde está sufriendo de hambre física porque los violentos no dejan entrar alimentos" que llegan a través de las carreteras y las veredas en donde matan al que pretenda llevar comida.
La ayuda humanitaria del Gobierno no ha llegado a todas las zonas. Los sectores más afectados son los rurales en donde además del bloqueo de las FARC se desarrollan violentos combates con las fuerza pública. "Primero están las personas de las zonas rurales, que no se pueden mover por temor a las balas disparadas sin ninguna clase de contemplaciones a quien desacate el paro armado".
Esta difícil situación se extiende a lo urbano. En el municipio de Puerto Asís, su alcalde, se han tenido que crear cocinas comunitarias para que parte de la población pueda comer una vez al día. Pero, la comida en tiendas y depósitos, a pesar de su utilización medida, amenaza con acabarse en los próximos días.
El miedo de la población se incrementó tras la instalación de una granada en el hospital municipal. Las minas en las vías y el franco tiradores ayudan a hacer más profundo en terrorismo. El llamado está dirigido al gobierno nacional, también a los gobiernos europeos y americanos.
Las marchas pidiendo paz no han servido. Las FARC solo busca intimidación y sus propósitos de drogas y armas.
El número de desplazados por el conflicto armado en Colombia aumentó en un promedio de 724 personas al día en el primer semestre del año pasado a 848 en el mismo período del 2005. La dura verdad señala que en el segundo trimestre del año el desplazamiento forzado afectó a por lo menos 91.467 personas de alrededor de 18.293 hogares. Fueron 153 mil personas en el semestre con incremento del 15% en relación al mismo período del 2004
La afirmación, contraria a los criterios del gobierno, fue hecha por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en donde se afirma que el fenómeno social del desplazamiento por el conflicto interno ha bajado. Las comunidades más afectadas son los indígenas, afro-descendientes, campesinos y colonos en cuyos territorios se intensificaron las acciones armadas. El problema tiene ocurrencia en 564 municipios.
En este informe Codhes explicó que "la gente también se va del país". En Ecuador, Panamá y Perú, 3.065 compatriotas solicitaron refugio entre el primero de enero y el 30 de junio. Otros 2.110 colombianos pasaron las fronteras con otros países vecinos o viajaron a otras regiones del mundo. 5.175 es el número de seres humanos que se fueron de Colombia por efectos del conflicto interno.
El desplazamiento forzado existe como una expresión de inseguridad y ausencia del Estado frente a las personas expuestas a una situación de alta vulnerabilidad de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. En palabras mas sencillas no hay garantías de ninguna naturaleza.Desde mediados de la década de 1980, algo más de 3 millones de colombianos han sido víctimas de desplazamientos forzados.
La mayor parte de los desplazamientos del 2005 ocurrieron en el sur del país donde hay mayor enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las guerrillas y en áreas de amplio control paramilitar. ¿Eso será la llamada Seguridad Democrática para los colombianos?
El gobierno nacional de Colombia está convencido que le esta cumpliendo a los colombianos desplazados por la violencia en el país. Funcionarios de la Red de solidaridad social han afirmado que han atendiendo cerca del 90% de la población desplazada, en lo que tiene que ver con ayuda de emergencia.
Según ONGs que conocen a fondo la situación han precisado que esa ayuda es por la suma de $782 pesos diarios. Además, la red no tiene contabilizados los tres millones y medio de desplazados sino un millón y medio. En una ciudad mediana como Bucaramanga transportarse en un autobús de un barrio a otro cuesta $850.
Por imprevisión y falta de óptica de los funcionarios del gobierno, desde hace dos años el problema de los desplazados en el país se le salió de las manos al gobierno. Desde ese entonces es fecha sus acciones son palos de ciegos. Las acciones del gobierno no tienen en esta situación social los niveles de la importancia ordenada por los tribunales de justicia a través de tutelas.
El primero en llamarle la atención al gobierno fue el procurador, Edgardo José Maya, quien aseguró que no existen las partidas necesarias para atender la población desplazada, ni existe la capacitación suficiente de los funcionarios para enfrentar el tema. Todo lo hecho son pañitos de agua tibia para una enfermedad social que todos lo días crece.
Hace año y medio la Corte Constitucional determinó que el problema de los desplazados en Colombia eran situaciones de derechos humanos graves y a través de un fallo de tutela ordenó al ejecutivo cumplir con algunas metas mínimas para la atención de esa población dentro de un plazo determinado. Los ministros han reconocido que falta, pero no precisaron en que proporción.
El Gobierno rindió cuentas ante la Corte y defendieron el trabajo, aunque reconoció que falta mucho. La ONG CODHES, que asumió la veeduría del caso cree que la mayor tacha está en la ausencia de presupuesto real.
El maltrato infantil sigue siendo el problema social más preocupante que vive Colombia desde hace muchos años, frente a la formación de las nuevas generaciones de nacionales. Cerca de 9.500 casos se registraron el los primeros meses del año 2005, según Medicina Legal. Los principales victimarios son los mismos padres, seguidos de las madres y los padrastros. Las edades de mayor incidencia son entre los cinco y nueve años de edad.
Bogotá es la ciudad de mayor índice. En lo corrido del año se han denunciado 5.400 eventos que van desde los golpes hasta las quemaduras de primer grado. Esta situación de violencia se da por la intolerancia de los padres, ante situaciones como la pérdida de un dinero, por lo que se les quema las manos a los niños, entre otras prácticas crueles e inaceptables en pleno Siglo XXI.
En este comportamiento asocial se unen muchos factores, entre ellos la extrema pobreza y la formación cultural de los padres. La abominable práctica de requemarle las manos a los niños data de los aborígenes colombianos para quienes era un castigo normal hace 500 o más años. Otros persisten en creer que a golpes se forja el hierro o que la letra con sangre entra.
El principal factor de maltrato surge cuando usan el mismo sitio donde los padres descansan y ellos juegan, causando irritabilidad en el adulto. Este fenómeno ocurre con mayor frecuencia en las horas de la tarde y primeras de la noche, en vacaciones y cuando ha habido consumo paterno de alcohol. En el 71% de los casos se ocasiona daño psíquico y físico al menor.
La vivienda es el escenario más común seguido de la vía pública. Aquí la irascibilidad de mayor surge por desobediencia y negación del niño a no querer ejercer una orden, seguir un camino o ir a un sitio que quiere el niño y no el padre. Los motivos y escenarios para la intolerancia pueden ser muchos pero la acción para desterrarla tiene que ser de todos nosotros.
Parece que fuera una gran mentira cuando hay afirmaciones políticas en el Departamento de Santander, Colombia, que más de cuatro mil niños perderán el año lectivo por carencia de docentes. Lo más grave del caso, que se trata en su inmensa mayoría de menores campesinos de muy bajos recursos económicos que no tendrán forma de recuperar el tiempo perdido.
Cerca de 200 centros escolares no han comenzado una jornada académica normal, bien sea porque no hay profesores de ninguna especie o no han sido nombrados para determinadas asignaturas, en el caso de centros urbanos. La modernización y la eficiencia en la educación no ha pasado de ofrecer problemas graves que no existían o si los habían era en menor escala.
Especialista en la materia precisaron que en Santander como en casi la totalidad del país, el número de docentes oficiales es insuficiente para la demanda de estudiantes. El volumen de alumnos crece y el gobierno disminuye el de los docentes que deben atenderlos. La calidad de la educación ha bajado notablemente no por el educador sino por el gobierno.
El Secretario de Educación de Santander aceptó que la nómina oficial de profesores, avalada por el Gobierno Nacional, es insuficiente para las necesidades de la región. Un número llega a 8.050 maestros. Los ingresos para esta vigencia alcanzan los $170 mil 871 millones, mientras los gastos son $198 mil 672 millones.
El titular de educación precisó existe un faltante de $27 mil 801 millones, pero los diputados no le creyeron y aseguraron que ellos saben que el verdadero déficit sobrepasa la suma de $33 mil 801 millones. A los educadores de Santander les están debiendo obligaciones salariales de dos años atrás.
El gobierno de Santander se verá en la obligación recontratar maestros de emergencia para satisfacer obligaciones que son del gobierno nacional y evitar que niños pierdan el año lectivo. Hay otros departamentos peor que Santander.
Un millón de niños trabajan en pequeñas minas y canteras de todo el mundo y de ellos, casi la tercera parte viven en América Latina, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La gran mayoría de los casi 300.000 niños que participan en actividades mineras en América Latina están en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
La vida de esos menores no es nada envidiable. Están condenados a vivir en la oscuridad y medio del peligro, llevando pesadas cargas y extenuantes jornadas de las que en muchos casos no saben si están de día o de noche. Por su labor prácticamente reciben casi nada y su hábitat esta rodeado de pobreza y exclusión.
Las minas y canteras informales operan sin medios mecánicos ni las herramientas apropiadas con medidas de seguridad muy precarias. En las canteras los niños sufren de graves daños cuando salpica la piedra, a lo que se agrega que martillos pesan hasta cinco kilos para esa tarea son descomunales para niños de seis años.
En muchos casos, los menores están expuestos a sustancias muy tóxicas, como el mercurio o el plomo y si laboran en galerías a quedar sepultados de un momento para otro. La pobreza absoluta de sus padres obliga al menor a ayudar a sostener la familia. Es el acoso del hambre.
Hay 103.000 infantiles en esa situación en Colombia, 50.000 en Perú, 13.500 en Bolivia y 1.500 en Ecuador, a los que se deben sumar los de Brasil y Nicaragua. La meta de la OIT, se conoció en Colombia, es devolver a la vida normal de niños a los menores mineros. Para eso será fundamental el sentido social de los gobiernos a su gestión frente a este problema.
La Conferencia anual de la OIT, ha impulsado un acuerdo que los compromete a gobiernos y empleadores a eliminar ese tipo de trabajo infantil en el menor tiempo posible. La Organización Internacional del Trabajo ha logrado rescatar en los últimos cuatro años a más de 2.600 niños de esas actividades en los países suramericanos.
Colombianos confían poco en el sistema electoral y tienen plena razón. Los escándalos son automáticos cada vez que es convocado a la escogencia de algún funcionario por elección popular desde el presidente de la república hasta el más humilde concejal de las regiones apartadas.
En un estudio sobre confianza en las instituciones democráticas, las elecciones y el Consejo Electoral ocuparon los últimos puestos junto con los partidos políticos Estas últimas son las instituciones en la que menos confían los colombianos (incluidos los partidos nuevos). Como es costumbre en nuestra cultura, el gobierno no aceptó su parte y responsabilizó automáticamente a los partidos políticos.
La Registradora Nacional del Estado Civil, Almabeatriz Rengifo, tratando de despreciar la calificación popular dijo que los resultados de la encuesta fueron influenciados por el fraude en la elección del Senado del 2002 y la polémica por el censo electoral después del referendo. La respuesta le quedó corta, porque además influyeron más de 300 situaciones irregulares donde aparecen con los políticos muchos funcionarios de la Registraduría.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Roberto Bornacelli, actúo diferente a la Registradora y reconoció la crisis del sistema y explicó que se debe, en parte, a un código electoral obsoleto, incompatible con la Constitución del 91, pues aún se habla de papeletas en vez de tarjetones y lo peor, no hay interés del gobierno para eliminar los procedimientos que permiten el fraude a los deshonestos. Hay proyectos pero muy lejanos.
La pésima calificación del sistema electoral colombiano está consignada en el informe La Cultura Política de la Democracia en Colombia, 2004, comisionado y financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid) y divulgado por la Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales.
Los Parlamentos no pueden continuar siendo convidados de piedra en la búsqueda de salidas concretas a las grandes dificultades que afronta Colombia, su responsabilidad es paralela con el ejecutivo en el diseño e implementación de políticas públicas que coadyuven en sus soluciones. La pobreza, la discriminación y elitismo son situaciones que acorralan al 75% de sus ciudadanos. Pero, el grave problema del parlamento colombiano es la mentalidad de sus integrantes a quienes solo importa el poder y su posición política y económica. Lo demás les es secundario o superficial.
Un parlamentario común y corriente no se hace elegir con el propósito de servirle a Colombia y sus gentes, sino para servirse del gobierno y todos sus electores. No hay en la mayor parte de ellos conciencia social, eso es desconocido, ese es un tema para los discursos de campaña y que una vez posesionado es arrojado a la bolsa de las basuras. En la casi totalidad solo impera el Interés que puedan conseguir de las coaliciones y el CVY (Como voy yo). Hay algunos cuya posición y comportamiento raya en lo inmoral.
Gracias a la ineptitud y displicencia de las coaliciones mayoritarias, el 75% de los colombianos están en la necesidad permanente. Todo lo aprueban sin saber qué hacen por el simple prurito de que es un compromiso político o económico con el gobierno. No asumen su parte de responsabilidad social como aprobadores de leyes ¿De dónde han sacado que porque lo dice un ministro o el presidente tiene que ser beneficioso para los colombianos?
En estos días el Economista Argentino Bernardo Klisberg, asesor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, Unesco y la Unicef, les acaba de sugerir la urgencia que tiene Colombia de recuperar la política social, superar mitos que responden a una visión economicista y reduccionista del desarrollo que ha conducido a pobres resultados oficiales.
Los grupos armados ilegales en el país, llámense guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares o todo a la vez, se han convertido en verdaderas fieras salvajes enloquecidas a quienes no les importa nada diferente saciar sus propios apetitos. Se han quedado atrás con su revolución violenta.
En las listas negras de los organismos nacionales e internacionales parecen como los grandes adalides de la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. No se inmutan ni les importa absolutamente nada que esto sea así y siguen atacando todo lo que se mueva y ahondando más su desprecio nacional e internacional.
En violaciones al Derecho Internacional Humanitario, dijo Laure Schneeberger, de la Cruz Roja Internacional documentó 672 casos, de los cuales 43% corresponden a desapariciones forzadas, 19% a ejecuciones sumarias, 10% a toma de rehenes y 6.6 % a víctimas de minas antipersonales.
Con respecto a las minas antipersonales consigna el aumento de y pone como referencia las cifras del Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia, donde durante 2004 se reportaron 807 víctimas, de las cuales 621 resultaron heridas y 186 perdieron la vida.
El desplazamiento forzado continúa en situación grave en muchas regiones de Colombia, aunque ha disminuido en el último año el número de nuevos desplazados nuevos. Los ataques indiscriminados a comunidades civiles, pobres y desarmadas, los secuestros y otros comportamientos criminales han aumentado el grado de repulsión internacional hacia ellos.
El uso de armas y violencia, llámense convencionales o prohibidas, no se ajusta en el Siglo XXI a la actividad política en búsqueda del poder. En el Siglo XIX pudo haber sido utilizadas con éxito, pero son estilos que están en el atraso. Las armas de entonces evolucionaron a las mentes abiertas de la Revolución moderna.
A los revolucionaros violentos no les queda sino un camino. La paz.
Colombia es considerada por los organismos defensores de la libertad de prensa como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, debido a las amenazas de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y sectores corruptos. Y no se equivocan ni una micra en sus apreciaciones. Es una dolorosa verdad que tenemos que reconocer periodistas o no periodistas.
Las estadísticas precisan que desde 1977 y hasta enero de 2005, fueron asesinados 154 periodistas en Colombia. La Defensoría del Pueblo que es un organismo oficial, así lo aseguran. En todos y cada uno de esos casos, las autoridades competentes habían garantizado seguridad para el ejercicio profesional y para sus vidas.
Ya no son algunos, sino un grupo grande los amenazados a muerte cuyas vidas están pendiendo de un hilo o del genio con que se levanten los asesinos ese día. El director del programa de televisión Contravía, Holman Morris y el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, recibieron sendos ramos de flores para su sepelio.
En Barrancabermeja la semana anterior el director del semanario Portada, Marcos Perales Mendoza recibió un panfleto que tiraron por debajo de la puerta de su oficina, mientras que otros comunicadores del Puerto Petrolero reciben todos los días llamadas intimidatorios a sus oficinas y residencias. Aquí la campaña de amenazas es al por mayor.
El gobierno, en un comunicado reconoció que sabe que varios connotados y reconocidos periodistas fueron objeto de graves amenazas de terroristas contra su libertad y su vida. Como en los 154 casos de asesinato ha anunciado medidas de seguridad en la que muy poco creen las víctimas por los resultados conocidos.
Colombia necesita en toda su geografía, garantías reales, no hipotéticas, virtuales o imaginarias para poder hacer oposición y periodismo independiente en el país. Lo demás son hipocresías, formalismos sin fondo o palabrería inocua.
David Augusto Peñades Defensor del Pueblo en Santander confirmó que desde el 2002 se detectó la presencia de grupos paramilitares en el norte de la ciudad de Bucaramanga. El alcalde, Honorio Galvis Aguilar, reconoció que en varios barrios existe presencia de las autodefensas. Voceros de ONGs de Derechos Humanos creen que a pesar de que la información es clara y precisa, las autoridades de policía y militares han realizado una labor muy pobre para detectarlos y erradicarlos.
Es curioso el hecho de que desde noviembre del 2004 exista un informe de riesgo, en el que la Defensoría advierte sobre estigmatizaciones que se han hecho en el Área Metropolitana contra líderes de desplazados, dirigentes cívicos, activistas, periodistas y sindicalistas que se acercarían a la alarmante cifra de cien personas amenazadas. Todos los casos han sido reportados a las autoridades pero no se observan modificaciones al estado de cosa. Todo sigue igual.
Sobre las últimas denuncias de presencia paramilitar, en los albergues de los damnificados por las inundaciones del Río de Oro en febrero, el coronel Jaime Enrique Otero, comandante de la Policía en Santander, señaló que su institución conoció las denuncias, las desestimó pues en las investigaciones preliminares no encontraron pruebas contundentes de que los paras ronden los albergues. Las gentes damnificadas creen que el coronel también desestimó el hecho de que denunciar a los paracos dando la cara es morir además de que la carga de la prueba debe ser aportada por el Estado.
"Es conveniente que en esos puntos críticos exista presencia permanente de la Policía y un acompañamiento en la parte social e institucional que debe liderar el municipio", es la última recomendación de la Defensoría. La gente mira el problema con preocupación pues estas acciones podría ser la iniciación de la campaña política para llevar a sus comandantes al Congreso y ofrecer apoyo a la reelección presidencial.
La desaparición sigue siendo la formula más práctica utilizada en Colombia para evitar la presencia de personas que piensan y actúan diferente a los grupos violentos existente en la zona y entre los que están los paramilitares y las guerrillas de las FARC y ELN además de los narcotraficantes. Una fuente de subdelegación del Comité de la Cruz Roja Internacional, con sede en Bucaramanga, en un informe dado a conocer a los medios de comunicación advirtió que desde 1994 lleva documentadas relativas a más de dos mil desapariciones de las que 12, el año pasado fueron departamentos de Santander y Norte de Santander. Explicaron que esa cifra no es exacta, pues sólo incluye casos conocidos por ellos, por lo que se presume que el número de víctimas puede ser mayor. Por temor a problemas de tipo jurídico o eventuales represalias de los actores armados, muchos casos no son presentados ante las autoridades, es parámetro para tener en cuenta. Las políticas de seguridad ciudadana quedan muy mal paradas ante este informe de la Cruz Roja Internacional. La cifra fue calificada por sectores políticos y administrativos como muy elevadas si se tiene en cuenta que la población de los dos departamentos no pasa de tres millones y medio de habitantes. Las declaraciones e informes oficiales conocidos anteriormente en ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, provenientes del alto gobierno, las fuerzas armadas y las gobernaciones, no coinciden con el informe de la Cruz Roja Internacional, por el contrario está muy lejano. El gobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, en repetidas ocasiones ha señalado a su departamento como un emporio de paz y seguridad ciudadana, desconociendo la información del organismo internacional. Es el acomodo de la información para dar una imagen positiva como forma de propaganda pesar de que desapariciones son violación al Derecho Internacional Humanitario.
En la Ciudad de Barrancabermeja por parte del alcalde Edgar Cote Gravino y sus amigos los paramilitares, no hay garantías para la libertad de prensa. Por el contrario, no es difícil comprobar que actúa en contravía de la constitución y la Lista de periodistas amenazados o intimidados es considerablemente larga.
La libertad de prensa se basa en la libertad de opinión; es decir, consiste en que los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar libremente sus pensamientos y emitir sin cortapisas las noticias que elaboran; además, también implica que pueden fundar medios masivos de comunicación. En Colombia, la libertad de prensa está salvaguardada por el Artículo 20 de la Constitución Política de 1991.
La censura consiste en vetar o prohibir que algo que se va a mencionar en un medio de comunicación se publique o salga al aire. La censura está prohibida en Colombia, pues es un concepto que, definitivamente, va en contra de la libertad de opinión, lo que no quiere decir que no se de implícita o tácitamente en ciertos casos es habitual en los grupos armados ilegales amenazando de muerte a sus autores o que la falta de garantías en lo referente a la integridad física de los periodistas haga que éstos desistan de hacer pública una información, o que, a través de presiones políticas y chantajes, se pretenda impedir la publicación de alguna noticia.
El alcalde Edgar Cote Gravino no es afecto a las garantías para la libertad de presa y en muchas ocasiones ha tratado de intimidar a los comunicadores yendo en contravía al mandato constitucional donde señala que en Colombia no habrá censura. La censura no es una práctica absolutamente común en Colombia, pero es evidente y se trata de aplicar en ocasiones por parte de los funcionarios y políticos inmersos en posibles delitos y malos manejos.
Universalmente el 3 de mayo de todos los años se celebra el Día de la Libertad de Prensa. En la ciudad de Barrancabermeja, por parte de los amigos del alcalde (el grupo armado fuera de las leyes, denominados paramilitares), la celebración ocurrió haciéndole llegar al periodista, Marcos Perales Mendoza, director del semanario Portada, una amenaza de muerte.
Los anónimos defensores de la gestión administrativa de Edgar Cote Gravino, (desconocidos para el periodista e inseparables para el alcalde) decidieron que si el comunicador seguía en su tónica de publicar las irregularidades de la administración pública, lo matarían. En la amenaza pegaron fotografías de otros crímenes cometidos por ellos en el Puerto Petrolero.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Presidencia de la República, Vicepresidencia, Oficina de los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, DAS, Policía, Fuerzas Militares de Colombia, organismos nacionales e internacionales de Defensa a la Libertad de Prensa, gremios y medios de comunicación entre otros,
A la fiscalía le fueron adjuntados documentos relacionados con las denuncias públicas que está haciendo el periodista y de las que podrían desprender pistas para la vinculación de responsables comenzado por el propio alcalde, los concejales, los paramilitares y algunos periodistas pagos quienes aseguran defender al mandatario así sea utilizando procedimientos criminales.
Perales Mendoza dijo que tiene fe en la Fiscalía como en el resto de organismos gubernamentales del orden nacional. De los locales de Barrancabermeja no porque le han informado que el alcalde ha nombrado familiares de jueces, fiscales y procuradora para disponer de una red de protección a sus actuaciones objeto de las denuncias de Marcos Perales Mendoza y su semanario Portada.
La ciénega de San Silvestre, a 20 minutos del casco urbano de Barrancabermeja está en manos de los paramilitares. En ese lugar la ley son ellos y hay que pagarle tributo para poder colocar y utilizar las artes de pesquería prohibidas por la ley como los trasmallos. Las autoridades de policía del Magdalena Medio aseguran que ellos no han recibido ninguna denuncia formal por parte de los pescadores que son los afectados con la acción del grupo armado fuera de la ley. Los pescadores aseguran que no han hecho porque los asesinan si se atreven a eso.
Aseguran que las atarrayas con las que han pescado por décadas no pueden competir a los trasmallos que funcionan con la bendición de los 'paras'. Estas artes atrapan todo lo que se mueve en el agua, sin importar especie ni tamaño, acabando de un tajo el futuro pesquero del lugar. El miedo tiene acorralados a los indefensos pescadores que ven como su medio de sustento se le aleja de las manos mientras las autoridades se muestran indiferentes.
Los pescadores que tributan a los paras o pescadores ilegales de San Silvestre son unas 80 personas. La cuota es de 15 mil pesos semanales por cada trasmallo que colocan. "Muchos ni siquiera alcanzan a hacer lo de pagar la 'vacuna', pero les toca conseguir la plata como sea, aseguran los acorraladas ciudadanos. También precisaron que los paras de están situación de abuso son gentes que están actuando a espaldas de sus jefes de buscan hacer un acuerdo de paz y que se trata de un negocio propio.
Para precisar el monto del negocio de los ilegales a costa de los pescadores y la fauna, explicaron existen unos 500 trasmallos de 180 y 270 metros de largo cada uno, los hay hasta 2.250 metros. Según costumbre ilegal, esas redes se colocan al final de la tarde y se recogen en la madrugada. En otras palabras, los paras están sembrando el hambre en el futuro inmediato de todos los pescadores de San Silvestre.
Tiene toda la razón del mundo el doctor Horacio Serpa Uribe cuando asegura que esto debe cambiar en forma tangible y rápida para todos los colombianos y no para una determinada y privilegiada élite. Si el Partido Liberal anhela el poder para mantener el estatus quo, no vale la pena participar en la política, reiteró el dirigente santandereano al hacer un análisis de la situación real del pueblo colombiano.
Si el Partido Liberal se compromete a fondo en la transformación de Colombia, se justifica luchar, pero de lo contrario, ni siquiera que exista el Partido Liberal tendría razón de ser. Estamos en una época en que es necesario hablar claro y de frente en materia política, no con dobleces y tapujos como lo han hecho nuestros dirigentes para esperar dar el brinco o meter la mano en beneficio personal.
Los colombianos merecen un nuevo concepto de sociedad, un diferente modelo económico de desarrollo, una economía que reparta beneficios para que crezca a los niveles que permitan ir superando la desigualdad, una seguridad integral, una cultura de la convivencia y un conglomerado que tenga ingreso, reciba educación, cuente con salud, goce de vivienda y tenga razones para estar contento, defender la democracia y sentirse orgulloso de ser colombiano.
Estamos plenamente de acuerdo con la afirmación de que el país no debe seguir así, porque se desquicia. Por no prestarle atención real a los problemas y necesidades básicas de los colombianos del común, es que las cosas andan cojeando y de mal en peor. El problema de la guerrilla y el narcotráfico creciente, tiene sus raíces en la miseria de las gentes, no en las ganancias de los conglomerados económicos y financieros.
El Partido Liberal no puede cohonestar un conformismo que muchos quieren cimentar entre colombianos y que contrastan con la deplorable situación de necesidades del pueblo raso. El país no está bien y lo urgente ahora es sacarlo del hueco en que está por usar valores invertidos, lo demás dará espera
Dentro del espectro político del país comienzan a vislumbrarse nuevas expectativas partidistas. Los paramilitares, autodefensas o paracos desmovilizado aspira llegar al Congreso. Hasta el momento no hay claridad sobre cómo lo estarán haciendo, si creando un nuevo partido o anexándose a los ya existente como el uribismo.
Este tipo de cosas no son raras en el país. Hace algunos años existió un grupo violento que se llamó M19. Se desmovilizó y entró a la civilidad. Hoy muchos de sus militantes son figuras en el congreso de Colombia. Ellos, se lanzaron inicialmente como M-19, pero después cada cual se abrió su propio camino, anexándose a otros partidos o creando nuevos.
Lo inquietante es saber cómo van a realizar sus campañas. ¿Qué pasará con aquellos quienes tienen deudas pendientes con la justicia y que aseguran serán candidatos? ¿Los derechos humanos de la gente serán respetados o la intimidación seguirá siendo la norma de su comportamiento frente a la comunidad? ¿Cuál va a ser su actitud frente a partidos de izquierda como el Liberal, Polo Independiente Democrático, etc.?
Por el momento son muy pocos jefes paramilitares con posibilidades desarrollar esas aspiraciones, los otros jefes que están en vías de desmovilización no pueden participar en las próximas elecciones, porque todavía no se ha aprobado la Ley de Justicia y Paz. ¿Cuánto se va a demorar la aprobación y entrada en vigencia definitiva? No se sabe, aún más no existen siquiera señales lejanas para ese día.
Hay que tener en cuenta que esta ley en gestación es rechazada por los paramilitares porque no les da estatus político que era una herramienta que estaban buscando con mucho afán. Además, consagra penas hasta de ocho años de prisión para los responsables de delitos como asesinatos, secuestros, torturas y masacres. De esa forma las personas que queden incursas en las determinaciones de la ley, no podrían ser candidatos.
Lo importante del momento político no radica en que los paramilitares desmovilizados se lancen como candidato al congreso, lo básico reside en el respeto a los demás. Para un sujeto de esos, acostumbrados a intimidar, secuestras y matar a las gentes le queda moralmente muy fácil hacerlo para impedir por ejemplo un voto para Polo Democrático o el partido Liberal. Son simples ejemplos. ¿Eso quién lo controlará?
Los habitantes del Putumayo se están muriendo de hambre y todo porque a un grupo de colombianos agrupados en las FARC decidieron hacer un paro armado. Se trata de un comportamiento de lesa humanidad que atenta contra los civiles y las gentes de bajos recursos económicos. Es de una técnica diseñada por Marx para finales del siglo XIX y principios del XX, cuando al poder se accedía a través del terrorismo y la violencia. 
David Augusto Peñades Defensor del Pueblo en Santander confirmó que desde el 2002 se detectó la presencia de grupos paramilitares en el norte de la ciudad de Bucaramanga. El alcalde, Honorio Galvis Aguilar, reconoció que en varios barrios existe presencia de las autodefensas. Voceros de ONGs de Derechos Humanos creen que a pesar de que la información es clara y precisa, las autoridades de policía y militares han realizado una labor muy pobre para detectarlos y erradicarlos.
La ciénega de San Silvestre, a 20 minutos del casco urbano de Barrancabermeja está en manos de los paramilitares. En ese lugar la ley son ellos y hay que pagarle tributo para poder colocar y utilizar las artes de pesquería prohibidas por la ley como los trasmallos. Las autoridades de policía del Magdalena Medio aseguran que ellos no han recibido ninguna denuncia formal por parte de los pescadores que son los afectados con la acción del grupo armado fuera de la ley. Los pescadores aseguran que no han hecho porque los asesinan si se atreven a eso.
Tiene toda la razón del mundo el doctor Horacio Serpa Uribe cuando asegura que esto debe cambiar en forma tangible y rápida para todos los colombianos y no para una determinada y privilegiada élite. Si el Partido Liberal anhela el poder para mantener el estatus quo, no vale la pena participar en la política, reiteró el dirigente santandereano al hacer un análisis de la situación real del pueblo colombiano. 
Dentro del espectro político del país comienzan a vislumbrarse nuevas expectativas partidistas. Los paramilitares, autodefensas o paracos desmovilizado aspira llegar al Congreso. Hasta el momento no hay claridad sobre cómo lo estarán haciendo, si creando un nuevo partido o anexándose a los ya existente como el uribismo.