Desconfianza en el sistema electoral colombiano

Colombianos confían poco en el sistema electoral y tienen plena razón. Los escándalos son automáticos cada vez que es convocado a la escogencia de algún funcionario por elección popular desde el presidente de la república hasta el más humilde concejal de las regiones apartadas.

En un estudio sobre confianza en las instituciones democráticas, las elecciones y el Consejo Electoral ocuparon los últimos puestos junto con los partidos políticos Estas últimas son las instituciones en la que menos confían los colombianos (incluidos los partidos nuevos). Como es costumbre en nuestra cultura, el gobierno no aceptó su parte y responsabilizó automáticamente a los partidos políticos.

La Registradora Nacional del Estado Civil, Almabeatriz Rengifo, tratando de despreciar la calificación popular dijo que los resultados de la encuesta fueron influenciados por el fraude en la elección del Senado del 2002 y la polémica por el censo electoral después del referendo. La respuesta le quedó corta, porque además influyeron más de 300 situaciones irregulares donde aparecen con los políticos muchos funcionarios de la Registraduría.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Roberto Bornacelli, actúo diferente a la Registradora y reconoció la crisis del sistema y explicó que se debe, en parte, a un “código electoral obsoleto”, incompatible con la Constitución del 91, pues aún se habla de ‘papeletas’ en vez de ‘tarjetones’ y lo peor, no hay interés del gobierno para eliminar los procedimientos que permiten el fraude a los deshonestos. Hay proyectos pero muy lejanos.

La pésima calificación del sistema electoral colombiano está consignada en el informe “La Cultura Política de la Democracia en Colombia, 2004”, comisionado y financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid) y divulgado por la Fundación Buen Gobierno y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales.

Al final una buena

Hasta que al final de tantas leyes y normas de todos los pelámenes y calibres apretando a los colombianos, está a punto de ser realidad una que lo beneficiará en forma directa y generosa. La ley antitrámites se podría convertir en la única ley con sentido social que haya cursado en el congreso en los dos últimos años y que haya tenido apoyo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La ley eliminará de un tajo y en forma inmediata más de 100 trámites como las ignominiosas colas en todas partes para todo, requisitos insalvables para poder hacer empresas, para salir al exterior, autenticaciones, eliminará el divorcio ante juzgados y los pequeños tenderos serán categorizados para no incurrir en injusticias a la hora de cobrar los derechos de autor.

Eliminan las declaraciones extrajuicio, unifica el pago por concepto de inmovilización de vehículos en un lugar y no serán obligatorias las autenticaciones en las notarías para nada. El Estado estará obligado a entregar a los ciudadanos de manera gratuita los formularios exigidos por las entidades para hacer diligencias.

Se suprimen todas las cuentas de cobro de los contratistas cuando se trate de la prestación de servicios y solo será suficiente el visto bueno de la persona o entidad que contrate. Las copias de los registros civiles se podrán solicitar e imprimir por Internet y sin costo alguno y valdrán sin necesidad de que el notario estampe su firma.

Los alcaldes y gobernadores quedarán facultados para emitir registro civiles en aquellos lugares donde no existan registradurías y o notarias. En adelante los funcionarios públicos no podrán inventarse trámites sin la existencia de una ley de apoyo.

Al fin hay ocasión, que la celebro públicamente, de ponerle un punto bueno para el Congreso y para el gobierno. No todas tenían que ser restringiendo y castigando a los colombianos que ya está al borde de la desesperación con tanta complicación para poder vivir en este país.

Informe poco positivo

Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo correspondiente al 2004. Este documento fue entregado en forma simultánea en la ciudad de Londres y Nueva York. En Colombia algunos indicadores de la violencia como secuestros y masacres disminuyeron, pero aumentaron los informes sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por fuerzas armadas.

El informe destaca que las FARC y el ELN, continuaron cometiendo infracciones graves y generalizadas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y homicidio de civiles. No le han dado ninguna importancia a las recomendaciones hechas por el organismo mundial. Por su parte, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención masiva y a menudo irregular, de centenares de civiles.

La desmovilización de más de 2.500 combatientes de las AUC no es prenda de garantía de respeto a los Derechos Humanos. Este proceso está generando una gran preocupación por la impunidad, los incumplimientos del cese de hostilidades de las AUC y la continuación de las violaciones de los derechos humanos por parte de los paramilitares.

Amnistía Internacional aseguró que solo en el primer semestre del 2004 se dieron muerte o se hizo "desaparecer" al menos a 1.400 civiles, mientras que aproximadamente 1.250 personas fueron secuestradas y 287.000 obligadas a huir de sus hogares durante ese año. Como en todas las ocasiones anteriores, el gobierno de Colombia no recibió muy a satisfacción la información divulgada.

Mientras el informe sucede en Londres y Nueva York, en el país el terrorismo de sabor político aumenta en campos y ciudades con violentísimas arremetidas de las FARC y el ELN contra civiles. La acción de “paras” imponiendo su ley de sangre y fuego y ordenando crímenes desde el mismo sitio de las conversaciones de paz no frena un segundo. La seguridad democrática esbozada por el gobierno ha desaparecido.

Colombia perdería ayuda internacional

El contralor encargado Luis Bernardo Flórez Encizo, advirtió que Colombia podría perder la cooperación internacional para la defensa del medio ambiente, estimada en cerca de 150 mil millones de pesos al año, si lleva a la práctica una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes que autoriza fumigar con glifosato las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

En opinión de la Contraloría General de la Nación, "Esta decisión no resulta coherente en una política gubernamental que por un lado solicita ayuda extranjera para la conservación de los recursos naturales y por otro lado decide fumigar las áreas que se conservan con esa cooperación internacional" dijo el contralor encargado en una carta al director nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Vives Menotti.

Para la Contraloría, la decisión de fumigar pone en alto riesgo la ayuda extranjera en un país cuyas limitaciones presupuestales le impiden adelantar la conservación ambiental, estratégica y prioritaria para garantizar el desarrollo sostenible. El organismo de control pidió al gobierno revisar la decisión para evitar un posible daño al medioambiente y al tesoro público.

Lo argumentos expuestos por el gobierno y las estadísticas oficiales frente a la supuesta efectividad de erradicar con glifosato cultivos ilícitos no han sido muy transparentes. Se sabe por informes gubernamentales que hay regiones donde han fumigado con la presencia de funcionarios norteamericanos y el cultivo ha aumentado en cambio redisminuir como en el Magdalena Medio.

La destrucción de plantaciones ilegales no debe hacerse con aspersión de sustancias químicas porque aún no se han resuelto las serias dudas sobre la legalidad de esta acción y subsiste una gran incertidumbre los efectos perniciosos en el medio ambiente y sus ecosistemas. Dadas las espacialísimas condiciones del patrimonio natural, la erradicación debe hacerse manualmente.

Deserción Universitaria

La mitad de los jóvenes colombianos que han tenido acceso a las universidades se retiran estudios y no llegan a ser profesionales. El factor principal falta de recursos pero también porque vienen mal preparados del colegio y no cumplen con los niveles académicos. Las cifras divulgadas corresponden a estudiantes que ingresaron en 1999 y terminarían en el 2004. Este indicativo es calificado como de "muy alta la deserción”. Medicina e ingenierías son los programas de los que más afectados.

El Gobierno y las universidades han tratado de aplicar políticas creadas por ellos para retenerlos y facilitarles una carrera pero no han dejado resultados halagüeños. Es imperativo volver sobre el tema con nuevas iniciativas y compromiso total del gobierno, la universidad y la empresa privada.

Desde el ángulo gobierno hay afirmaciones que existen créditos del Icetex pero saben son exiguos. Son 50 mil millones de pesos que desembolsa cada semestre. En el Congreso radicó un proyecto de ley para transformar el Icetex y convertirlo en una sociedad por acciones. Sus dueños serían la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo de Financiamiento Agropecuario (Finagro) y el mismo Icetex.

El gobierno aseguró que está buscando con la banca privada que garantice créditos para estudio con menores tasas y más largos plazos de amortización. No ha habido una respuesta mientras que opiniones públicas poner en duda la posibilidad que llegue a ocurrir pues consideran que la banca colombiana es "agiotista" y no tiene nada de social.

Algunas universidades oficiales como la Tecnológica de Pereira, la del Valle, la de Tunja, la Industrial de Santander (UIS) y la Distrital abrieron carreras nocturnas para que los estudiantes puedan trabajar. Pero, se requiere que el estudiante disponga de trabajo, tarea de la empresa privada la que se ha mostrado renuente a crear y ofrecer puestos permanentes.

Pelea de vecindario

El presidente de la república cayó en la primera al descararse que está en franca y abierta campaña política. Al hombre se le olvidó que su función es gobernar y no discutir con los adversarios políticos. Que sus respuestas tienen que ser hechos y no palabras huecas que se lleva el viento. César Gaviria hizo posible que Álvaro Uribe se saliera de su ropa a responder como cualquier señora de vecindario.

No creo que sean sus contradictores quienes tengan que aportar las pruebas de que su administración tiene relaciones con el paramilitarismo. Como presidente es él el que tiene que probarle y rendirle cuentas con hechos al país que las cosas no son así. En el Congreso de la República sus amigos han hablado de una lista de paramilitares en el uribismo lo estarían apoyando en la reelección y no lo ha desmentido.

La verdad es que un presidente no puede mostrarse energúmeno y amenazante porque lo critican bien sea con verdades o con mentiras. Ahí es cuando toma valor el comentario de Cesar Gaviria al señalar que “Bueno, tendrá la cabeza caliente el señor presidente, desde luego acepto ese debate”. Explicó que no es Gaviria sino el presidente el que tiene que rendirle cuentas al pueblo de Colombia de todo lo que los ciudadanos quieran saber.

Acaso será verdad la afirmación de Gaviria al referirse a Uribe cuando señaló que “dejo su oficio a un lado para volverse candidato a la Presidencia”. Si es así que hable claro o de lo contrario los colombianos no tenemos porque estar viviendo el espectáculo de un presidente enloquecido respondiéndole con retos a todos los que lo critiquen. Las personas “brincan” solo cuando le pisan los callos o le rozan una herida.

Todas las cosas en esta vida tienen por encima del interés político su sentido común. Si se pone en enfrentamientos netamente políticos banderizos, está haciendo política partidista y lo político que le interesa a él con toda el alma es su reelección en el cargo.

La pobreza y el Parlamento colombiano

Los Parlamentos no pueden continuar siendo convidados de piedra en la búsqueda de salidas concretas a las grandes dificultades que afronta Colombia, su responsabilidad es paralela con el ejecutivo en el diseño e implementación de políticas públicas que coadyuven en sus soluciones. La pobreza, la discriminación y elitismo son situaciones que acorralan al 75% de sus ciudadanos. Pero, el grave problema del parlamento colombiano es la mentalidad de sus integrantes a quienes solo importa el poder y su posición política y económica. Lo demás les es secundario o superficial.

Un parlamentario común y corriente no se hace elegir con el propósito de servirle a Colombia y sus gentes, sino para servirse del gobierno y todos sus electores. No hay en la mayor parte de ellos conciencia social, eso es desconocido, ese es un tema para los discursos de campaña y que una vez posesionado es arrojado a la bolsa de las basuras. En la casi totalidad solo impera el Interés que puedan conseguir de las coaliciones y el CVY (Como voy yo). Hay algunos cuya posición y comportamiento raya en lo inmoral.

Gracias a la ineptitud y displicencia de las coaliciones mayoritarias, el 75% de los colombianos están en la necesidad permanente. Todo lo aprueban sin saber qué hacen por el simple prurito de que es un compromiso político o económico con el gobierno. No asumen su parte de responsabilidad social como aprobadores de leyes ¿De dónde han sacado que porque lo dice un ministro o el presidente tiene que ser beneficioso para los colombianos?

En estos días el Economista Argentino Bernardo Klisberg, asesor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, Unesco y la Unicef, les acaba de sugerir “la urgencia que tiene Colombia de recuperar la política social, superar mitos que responden a una visión economicista y reduccionista del desarrollo que ha conducido a pobres resultados oficiales”.

Evolución de la revolución

Los grupos armados ilegales en el país, llámense guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares o todo a la vez, se han convertido en verdaderas fieras salvajes enloquecidas a quienes no les importa nada diferente saciar sus propios apetitos. Se han quedado atrás con su revolución violenta.

En las listas negras de los organismos nacionales e internacionales parecen como los grandes adalides de la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. No se inmutan ni les importa absolutamente nada que esto sea así y siguen atacando todo lo que se mueva y ahondando más su desprecio nacional e internacional.

En violaciones al Derecho Internacional Humanitario, dijo Laure Schneeberger, de la Cruz Roja Internacional documentó 672 casos, de los cuales 43% corresponden a desapariciones forzadas, 19% a ejecuciones sumarias, 10% a toma de rehenes y 6.6 % a víctimas de minas antipersonales.

Con respecto a las minas antipersonales consigna el aumento de y pone como referencia las cifras del Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia, donde durante 2004 se reportaron 807 víctimas, de las cuales 621 resultaron heridas y 186 perdieron la vida.

El desplazamiento forzado continúa en situación grave en muchas regiones de Colombia, aunque ha disminuido en el último año el número de nuevos desplazados nuevos. Los ataques indiscriminados a comunidades civiles, pobres y desarmadas, los secuestros y otros comportamientos criminales han aumentado el grado de repulsión internacional hacia ellos.

El uso de armas y violencia, llámense convencionales o prohibidas, no se ajusta en el Siglo XXI a la actividad política en búsqueda del poder. En el Siglo XIX pudo haber sido utilizadas con éxito, pero son estilos que están en el atraso. Las armas de entonces evolucionaron a las mentes abiertas de la “Revolución” moderna.

A los “revolucionaros” violentos no les queda sino un camino. La paz.

Más periodistas amenazados

Colombia es considerada por los organismos defensores de la libertad de prensa como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, debido a las amenazas de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y sectores corruptos. Y no se equivocan ni una micra en sus apreciaciones. Es una dolorosa verdad que tenemos que reconocer periodistas o no periodistas.

Las estadísticas precisan que desde 1977 y hasta enero de 2005, fueron asesinados 154 periodistas en Colombia. La Defensoría del Pueblo que es un organismo oficial, así lo aseguran. En todos y cada uno de esos casos, las autoridades competentes habían garantizado seguridad para el ejercicio profesional y para sus vidas.

Ya no son algunos, sino un grupo grande los amenazados a muerte cuyas vidas están pendiendo de un hilo o del genio con que se levanten los asesinos ese día. El director del programa de televisión “Contravía”, Holman Morris y el director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, recibieron sendos ramos de flores para su sepelio.

En Barrancabermeja la semana anterior el director del semanario Portada, Marcos Perales Mendoza recibió un panfleto que tiraron por debajo de la puerta de su oficina, mientras que otros comunicadores del Puerto Petrolero reciben todos los días llamadas intimidatorios a sus oficinas y residencias. Aquí la campaña de amenazas es al por mayor.

El gobierno, en un comunicado reconoció que sabe que “varios connotados y reconocidos periodistas fueron objeto de graves amenazas de terroristas contra su libertad y su vida”. Como en los 154 casos de asesinato ha anunciado medidas de seguridad en la que muy poco creen las víctimas por los resultados conocidos.

Colombia necesita en toda su geografía, garantías reales, no hipotéticas, virtuales o imaginarias para poder hacer oposición y periodismo independiente en el país. Lo demás son hipocresías, formalismos sin fondo o palabrería inocua.

Ataca más las mujeres

El cáncer de la piel no melanoma es más común entre la población femenina del Área Metropolitana de Bucaramanga que en la masculina. Se trata de un comportamiento diferente a los estándares mundiales. Es común detectarlo en la cara, el tronco, los miembros superiores, el cuero cabelludo y las orejas.
La afirmación se desprende de una investigación que realizó en la capital santandereana la patóloga, Claudia Janeth Uribe Pérez, vinculada a la docencia en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La enfermedad ataca en las partes de la piel expuestas al sol y sus víctimas están 40 y 70 años.
Según las estadísticas y estudios mundiales, se establece que la patología es más común en ellos que en ellas, pero aquí la situación es invertida y es mucho más común en la población femenina santandereana. De 726 casos diagnosticados durante el primer año de investigación 403 fueron de féminas y 323 varones. En el sigue 499 mujeres y 439 hombres.
“Hay una inquietud y es la de que no sabemos porqué la mujer es la más afectada. Si se preocupa más por su salud, en otras palabras, es la que más ve al médico mientras ellos guardan silencio. De todas maneras es cuestión de continuar estudiando hasta llegar a la total perfección del estudio sobre el cáncer en el Área Metropolitana de Bucaramanga y sus municipios satélites”, explicó Uribe Pérez.
Las personas blancas, de ojos claros y cabello caro son las de mayor probabilidad de contraer el cáncer, al igual que quienes permanecen horas al sol ya sea por cuestiones laborales o deportivas. La presencia de machas, protuberancias en la piel deben servir de alerta, como también cambio de color y tamaño de lunares o lesiones de la piel que no mejoran.
De las ciudades colombianas, este es el único estudio serio sobre el tema, no se sabe con certeza científica que pueda ocurrir en otros departamentos colombianos. Aquí el sol que es fuente de vida puede convertirse en fuente de muerte.

Evolución de la pobreza en Colombia

La pobreza en Colombia en los dos últimos años no ha cedido y antes por el contrario se ha agudizado más. Las políticas oficiales para mejoramiento de las condiciones humanas de los colombianos no han dejado los resultados que inicialmente se fijaron como metas. El problema es tan grave que las elites económicas del país (Sarmiento Angulo) han expresado la urgencia de políticas reales en beneficio del desposeído.

Algo menos de la mitad de los hogares colombianos tienen casa, pero de esos el 20% de las viviendas acusan alto riesgo de inundaciones, avalanchas o catástrofes. El ejemplo se vio Santander cuando en Girón, Bucaramanga y otros municipios una racha invernal produjo con resultados de 5.817 viviendas destruidas y 2.941 afectadas.

El 52% de los pobres carecen de acceso a salud, el 90% de los trabajadores de escasos recursos no tiene seguridad de una pensión y 8 millones de pobres (camino a la miseria) habitan en las zonas rurales y 15 millones en las ciudades. Es increíble que en Colombia haya departamentos como Chocó donde la pobreza llega a 72,7 por ciento y Córdoba donde la cifra es similar.

Como la situación va por mal camino rumbo al desastre, expertos en la materia han urgido un “revolcón absoluto en los estratos socioeconómicos que rigen nuestra economía”. Han precisado que las políticas del actual gobierno no sirven desde todo punto de vista. La barahúnda de normas y estrategias solo sirven para que los subsidios no lleguen a los más pobres y sí a los estratos más altos.

La práctica de la inequidad y discriminación en los presupuestos nacionales ha generado problemas en el poder adquisitivo de los más pobres a puntos desesperantes. Con la pérdida de empleo del jefe de hogar, una familia pasa de soportar una pobreza llevadera a un hogar rodeada de hambre y de miseria. La evolución: Pobreza del 15% al 51,8%, indigencia 5% al 16,6% y participación del primer quintil en ingreso de 4,2% al 2.8 por ciento.

Policía desestimaquejas contra paramilitares

La policía desestimó las quejas que los damnificados por el desbordamiento del Río de Oro, en el sitio Café Madrid (Bucaramanga), en torno a la presencia de “paras” en sus cambuchos y resguardos. Varias ONGs confirmaron los hechos y la Defensoría del Pueblo de Santander pidió a las autoridades competentes investigar y proceder. Altos oficiales policiales dijeron que cuando ellos han ido y no han encontrado y que la comunidad guarda silencio. El alcalde declaró que no tenía ni idea de lo denunciado.

En municipio de Bucaramanga según las estadísticas oficiales hay 900 damnificados, siendo el 57%, menores de edad. Algunos de ellos aseguraron que "En los dos últimos meses han llegado los ‘paras’, nos han reunido y pedido cuentas de las ayudas recibidas tanto del gobierno como de la empresa privada". Explicaron que “Ellos nos ‘autorizan’ que ayuda debemos recibir y cual no". Van de civil, pero armadas. Se trata de armas cortas como pistolas y revólveres la vista en la cintura en ademán amenazante.

Los patrullajes de vigilancia de que debieran ser de la policía, los realizan un grupo de 20 paramilitares cubriendo los alrededor de los refugios. En las últimas semanas han buscado entrometerse en la vida privada de las personas y les ha dicho que dentro del reglamento paramilitar, "Está prohibido el cabello largo en los hombres y faldas cortas en las mujeres". Le ha reiterado a las gentes que si no obedecen, disponen de medios muy eficaces para hacer respetar lo ordenado.

Voceros de los damnificados, (reservamos sus nombres por razones obvias), han señalado que ellos ven con preocupación la presencia de los “paracos” en sus cambuchas y su actividad diaria. “De nadie es desconocidos que para ellos el asesinato es un deporte que practican sin inconvenientes en quienes no acepten total sumisión a sus caprichos y exigencias”. Es un problema no un cuento político, precisaron.

Amenzas Masivas de los Paramilitares

David Augusto Peñades Defensor del Pueblo en Santander confirmó que desde el 2002 se detectó la presencia de grupos paramilitares en el norte de la ciudad de Bucaramanga. El alcalde, Honorio Galvis Aguilar, reconoció que en varios barrios existe presencia de las autodefensas. Voceros de ONGs de Derechos Humanos creen que a pesar de que la información es clara y precisa, las autoridades de policía y militares han realizado una labor muy pobre para detectarlos y erradicarlos.

Es curioso el hecho de que desde noviembre del 2004 exista un informe de riesgo, en el que la Defensoría advierte sobre estigmatizaciones que se han hecho en el Área Metropolitana contra líderes de desplazados, dirigentes cívicos, activistas, periodistas y sindicalistas que se acercarían a la alarmante cifra de cien personas amenazadas. Todos los casos han sido reportados a las autoridades pero no se observan modificaciones al estado de cosa. “Todo sigue igual”.

Sobre las últimas denuncias de presencia paramilitar, en los albergues de los damnificados por las inundaciones del Río de Oro en febrero, el coronel Jaime Enrique Otero, comandante de la Policía en Santander, señaló que su institución conoció las denuncias, las desestimó pues en las investigaciones preliminares no encontraron pruebas contundentes de que los ‘paras’ ronden los albergues. Las gentes damnificadas creen que el coronel también desestimó el hecho de que “denunciar a los paracos dando la cara es morir además de que la carga de la prueba debe ser aportada por el Estado”.

"Es conveniente que en esos puntos críticos exista presencia permanente de la Policía y un acompañamiento en la parte social e institucional que debe liderar el municipio", es la última recomendación de la Defensoría. La gente mira el problema con preocupación pues estas acciones podría ser la iniciación de la campaña política para llevar a sus “comandantes” al Congreso y ofrecer apoyo a la reelección presidencial.

dos mil desaparecidos

La desaparición sigue siendo la formula más práctica utilizada en Colombia para evitar la presencia de personas que piensan y actúan diferente a los grupos violentos existente en la zona y entre los que están los paramilitares y las guerrillas de las FARC y ELN además de los narcotraficantes.
Una fuente de subdelegación del Comité de la Cruz Roja Internacional, con sede en Bucaramanga, en un informe dado a conocer a los medios de comunicación advirtió que desde 1994 lleva documentadas relativas a más de dos mil desapariciones de las que 12, el año pasado fueron departamentos de Santander y Norte de Santander.
Explicaron que esa cifra no es exacta, pues sólo incluye casos conocidos por ellos, por lo que se presume que el número de víctimas puede ser mayor. “Por temor a problemas de tipo jurídico o eventuales represalias de los actores armados, muchos casos no son presentados ante las autoridades”, es parámetro para tener en cuenta.
Las políticas de seguridad ciudadana quedan muy mal paradas ante este informe de la Cruz Roja Internacional. La cifra fue calificada por sectores políticos y administrativos como muy elevadas si se tiene en cuenta que la población de los dos departamentos no pasa de tres millones y medio de habitantes.
Las declaraciones e informes oficiales conocidos anteriormente en ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, provenientes del alto gobierno, las fuerzas armadas y las gobernaciones, no coinciden con el informe de la Cruz Roja Internacional, por el contrario está muy lejano.
El gobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, en repetidas ocasiones ha señalado a su departamento como un emporio de paz y seguridad ciudadana, desconociendo la información del organismo internacional. Es el acomodo de la información para dar una imagen positiva como forma de propaganda pesar de que desapariciones son violación al Derecho Internacional Humanitario.

No hay garantías democráticas

En la Ciudad de Barrancabermeja por parte del alcalde Edgar Cote Gravino y sus amigos los paramilitares, no hay garantías para la libertad de prensa. Por el contrario, no es difícil comprobar que actúa en contravía de la constitución y la Lista de periodistas amenazados o intimidados es considerablemente larga.

“La libertad de prensa se basa en la libertad de opinión; es decir, consiste en que los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar libremente sus pensamientos y emitir sin cortapisas las noticias que elaboran; además, también implica que pueden fundar medios masivos de comunicación. En Colombia, la libertad de prensa está salvaguardada por el Artículo 20 de la Constitución Política de 1991”.

La censura consiste en vetar o prohibir que algo que se va a mencionar en un medio de comunicación se publique o salga al aire. La censura está prohibida en Colombia, pues es un concepto que, definitivamente, va en contra de la libertad de opinión, lo que no quiere decir que no se de implícita o tácitamente en ciertos casos es habitual en los grupos armados ilegales amenazando de muerte a sus autores o que la falta de garantías en lo referente a la integridad física de los periodistas haga que éstos desistan de hacer pública una información, o que, a través de presiones políticas y chantajes, se pretenda impedir la publicación de alguna noticia.

El alcalde Edgar Cote Gravino no es afecto a las garantías para la libertad de presa y en muchas ocasiones ha tratado de intimidar a los comunicadores yendo en contravía al mandato constitucional donde señala que “en Colombia no habrá censura”. La censura no es una práctica absolutamente común en Colombia, pero es evidente y se trata de aplicar en ocasiones por parte de los funcionarios y políticos inmersos en posibles delitos y malos manejos.

Miserable situación de la niñez

Parece que fuera exageración de algún periodista o funcionario para sobresalir en el ámbito nacional o internacional, pero es la legítima verdad. En el país 2.200.000 menores son obligados a trabajar debido a la situación calamitosa que les tocó vivir como consecuencia de las políticas discriminatorias gubernamentales y la exclusión propia y de sus padres de toda posibilidad de desarrollo. De ellos 1.200.000 laboran en el sector productivo y tan sólo la mitad reciben un salario mínimo como remuneración.

Las alarmantes cifras, que dejan al descubierto la dramática realidad de los menores en Colombia, fueron reveladas por la Organización Internacional del Trabajo OIT. El gobierno nacional, que no enseña resultados positivos se muestra impávido y arrogante. La tendencia generalizada debido al abandono en la inversión social, es la de que será más amplia y profunda la situación de miseria infantil. Es la diferencia abismal que hay entre los consentidos de una administración y la gran masa humana que está girando de pobreza a miseria absoluta.

Según el procurador general de la nación Edgardo Maya Villazón, el trabajo infantil duplicó sus cifras en los dos últimos años, pese a los convenios que el país viene adelantando con los organismos internacionales. Esta apreciación del procurador es muy valiosa porque demuestra que la mayor parte de los discursos presidenciales y ministeriales, no tienen conexión con la realidad que está viviendo el pueblo colombiano. Esos no son resultados de un buen gobierno.

Los menores son empleados en su mayoría en trabajos relacionados con la actividad doméstica, la prostitución, colaborando con los grupos armados ilegales o como correos de droga. Los niños trabajadores cuyas edades oscilan entre los 5 y 17 años de edad, también son sometidos a largas jornadas laborales, muchas de ellas sin paga. Lo peor de todo es que el problema continuara.

Amenanzan periodista en Barrancabermeja, Colombia

Universalmente el 3 de mayo de todos los años se celebra el Día de la Libertad de Prensa. En la ciudad de Barrancabermeja, por parte de los amigos del alcalde (el grupo armado fuera de las leyes, denominados paramilitares), la celebración ocurrió haciéndole llegar al periodista, Marcos Perales Mendoza, director del semanario Portada, una amenaza de muerte.

Los anónimos defensores de la gestión administrativa de Edgar Cote Gravino, (desconocidos para el periodista e inseparables para el alcalde) decidieron que si el comunicador seguía en su tónica de publicar las irregularidades de la administración pública, lo matarían. En la amenaza pegaron fotografías de otros crímenes cometidos por ellos en el Puerto Petrolero.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Presidencia de la República, Vicepresidencia, Oficina de los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, DAS, Policía, Fuerzas Militares de Colombia, organismos nacionales e internacionales de Defensa a la Libertad de Prensa, gremios y medios de comunicación entre otros,

A la fiscalía le fueron adjuntados documentos relacionados con las denuncias públicas que está haciendo el periodista y de las que podrían desprender pistas para la vinculación de responsables comenzado por el propio alcalde, los concejales, los paramilitares y algunos periodistas pagos quienes aseguran defender al mandatario así sea utilizando procedimientos criminales.

Perales Mendoza dijo que tiene fe en la Fiscalía como en el resto de organismos gubernamentales del orden nacional. De los locales de Barrancabermeja no porque le han informado que el alcalde ha nombrado familiares de jueces, fiscales y procuradora para disponer de una red de protección a sus actuaciones objeto de las denuncias de Marcos Perales Mendoza y su semanario Portada.

Paraamilitares siembran miseria

La ciénega de San Silvestre, a 20 minutos del casco urbano de Barrancabermeja está en manos de los “paramilitares”. En ese lugar la ley son ellos y hay que pagarle tributo para poder colocar y utilizar las artes de pesquería prohibidas por la ley como los trasmallos. Las autoridades de policía del Magdalena Medio aseguran que ellos no han recibido ninguna denuncia formal por parte de los pescadores que son los afectados con la acción del grupo armado fuera de la ley. Los pescadores aseguran que no han hecho porque los asesinan si se atreven a eso.

Aseguran que las atarrayas con las que han pescado por décadas no pueden competir a los trasmallos que funcionan con la bendición de los 'paras'. Estas artes atrapan todo lo que se mueve en el agua, sin importar especie ni tamaño, acabando de un tajo el futuro pesquero del lugar. El miedo tiene acorralados a los indefensos pescadores que ven como su medio de sustento se le aleja de las manos mientras las autoridades se muestran indiferentes.

Los pescadores que tributan a los “paras” o pescadores ilegales de San Silvestre son unas 80 personas. La cuota es de 15 mil pesos semanales por cada trasmallo que colocan. "Muchos ni siquiera alcanzan a hacer lo de pagar la 'vacuna', pero les toca conseguir la plata como sea”, aseguran los acorraladas ciudadanos. También precisaron que los “paras” de están situación de abuso son gentes que están actuando a espaldas de sus jefes de buscan hacer un acuerdo de paz y que se trata de un negocio propio.

Para precisar el monto del negocio de los ilegales a costa de los pescadores y la fauna, explicaron existen unos 500 trasmallos de 180 y 270 metros de largo cada uno, los hay hasta 2.250 metros. Según costumbre ilegal, esas redes se colocan al final de la tarde y se recogen en la madrugada. En otras palabras, los paras están sembrando el hambre en el futuro inmediato de todos los pescadores de San Silvestre.

No le han cumplido al trabajador colombiano

La clase trabajadora a través de sus líderes nacionales no dudan un solo segundo en asegurar que el actual gobierno no le ha cumplido al sector trabajador en lo más mínimo, antes por el contrario, las acciones oficiales emprendidas han aumentado la miseria y desesperación.

El presidente de la CGT manifestó que el desempleo continúa siendo el principal problema de la Colombia pues hay cuatro millones de personas sin trabajo y otras 11 millones que están subempleadas, trabajando medio tiempo o en tareas informales. El desempleo era en marzo del 13.4%, según estadísticas oficiales.

Se muestran temerosos con la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos que puede acentuar la crisis de empleo, especialmente en las zonas agrícolas en donde están amenazados 12 millones de campesinos colombianos. Firmar ese tratado sería mostrar el más grande desprecio por nuestros obreros campesinos.

Diversos analistas serios afirman que muchos sectores agrícolas, como el arroz, el maíz, el trigo y el algodón, no pueden competir con la producción estadounidense subsidiada por el Gobierno. Los negociadores colombianos aseguran que en las negociaciones próximas a concluir quedarán a salvo los sectores agrícolas vulnerables, pero a las clases obreras no se le borra las dudas. Son muchas las mentiras que nos han dicho”, aseguraron. “Qué les importa una mentira más…”, sentenciaron sobre el tema los dirigentes obreros.

La clase obrera puso en duda el 70% de auténtica popularidad del presidente. Aseguraron que “No creemos que eso sea verdad, porque las encuestas las gana el que las paga” y Álvaro Uribe dispone de mucho dinero, particular y gubernamental, para ganar todas las encuestas que se hagan en Colombia a excepción las de las urnas como ya sucedió con las elecciones del referendo.

Al trabajador no le han cumplido el presidente Álvaro Uribe Vélez es el concepto generalizado entre los trabajadores y obreros colombianos.

Hay posibilidad para que Colombia sea un país social

La principal decisión del próximo Congreso Liberal debe ser un compromiso a fondo con el pueblo colombiano, sobre los aspectos que inciden en su vida, sus familias y su destino. Los colombianos de los sectores populares y clase media ya están hastiados de gobiernos en los que hay total indiferencia por la acción social y tiene todas las proyecciones aplicadas al sector económico alto, el clientelismo y la discriminación.

“Otra Colombia es posible, si el Partido Liberal y las distintas expresiones políticas y sociales no comprometidas con la gestión gubernamental, asumen la responsabilidad de darle un vuelco a esta lamentable situación, para prodigarle a los colombianos convivencia, estabilidad política, seguridad jurídica, equidad, democracia, una inserción equitativa en la globalización y un lugar decoroso en el concierto de las naciones”, es la invitación del santandereano Horacio Serpa Uribe.

Los colombianos merecen un nuevo concepto de sociedad, un diferente modelo económico de desarrollo, una economía que reparta beneficios para que crezca a los niveles que permitan ir superando la desigualdad, una seguridad integral, una cultura de la convivencia y un conglomerado que tenga ingreso, reciba educación, cuente con salud, goce de vivienda y tenga razones para estar contento, defender la democracia y sentirse orgulloso de ser colombiano, son las alternativas.

La única posibilidad que tenemos los colombianos son las elecciones parlamentarias y presidenciales. Si se dejan pasar no habrá manera de que esto cambie. Para que el país y sus políticas evolucionen a lo social hay que ser reales y actual sin contemplaciones. La reelección de Uribe como dijo, Alfonso López Michensen, no es recomendable para esos propósitos, como tampoco lo es el congreso que amparó las acciones de discriminación, concentración y castigo a las clases populares. Polo está esperando si el Partido Liberal no es capaz de socializarse totalmente.